Resistencia de los pueblos

Francisco Pastrana Basurto Comisión Jurídica de la Representación General de Bienes Comunales de Milpa Alta y Pueblos Anexos  [email protected]

El territorio del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) es de 148 mil 178 hectáreas, de las cuales más de 72 mil 82 son propiedades comunales y ejidales de los pueblos originarios que habitamos la entidad.

La propiedad de nuestros pueblos sobre esas 72 mil 82 hectáreas, que representen 48.64 por ciento del territorio de la entidad, se sustenta en la posesión que hemos mantenido sobre nuestras tierras desde antes de la invasión española, en los títulos de reconocimiento expedidos por las autoridades virreinales y en el reconocimiento que el Estado mexicano ha tenido que hacer (no sin la lucha de los pueblos) por medio de resoluciones presidenciales de reconocimiento y titulación de bienes comunales y en menor medida de dotaciones ejidales.

Los territorios de nuestros pueblos albergan ecosistemas que generan servicios ambientales como la producción de agua y la captación de carbono. Nuestros territorios se encuentran catalogados como Suelo de Conservación Ecológica en el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal.

Desde tiempos inmemoriales, los pueblos hemos planteado la necesidad de que se respeten nuestros derechos histórico-colectivos. En 1998, en el contexto de la democratización del Distrito Federal, los pueblos exigimos una reforma política que reflejara la conformación histórica, social y territorial de la entidad y estableciera los principios de una nueva relación entre el gobierno y los pueblos originarios.

Creemos que no puede existir una nueva relación entre nuestros pueblos y el gobierno si ésta no se sustenta en el reconocimiento de la propiedad que los pueblos tenemos sobre nuestros territorios y en el derecho que nos corresponde para aprovechar nuestros recursos naturales, y así garantizar nuestra permanencia, continuidad histórica y libre desarrollo como pueblos originarios.

La exigencia de una reforma política de la Ciudad de México basada en las aspiraciones verdaderas de ciudadanos y pueblos no prosperó por la oposición de la clase política que gobierna este país.

Los partidos políticos que suscribieron el Pacto por México permitieron la realización de la reforma política de la Ciudad de México conforme a los intereses de la clase política gobernante. Sin embargo, los pueblos sabemos que esa reforma es parte del proyecto neoliberal y está encaminada a detener los avances democráticos alcanzados para el Distrito Federal y a debilitar los derechos que los pueblos tenemos sobre nuestros territorios. Ciudadanos y pueblos fuimos igualmente excluidos de todo el proceso de tal reforma política.

FOTO: desinformemonos.org

La clase política estableció en la Reforma Constitucional (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016) la nueva organización política y administrativa de la entidad y los lineamientos sobre los cuales se deberá redactar la Constitución.

Según dicha reforma, la organización política y administrativa de la entidad se conformará fundamentalmente con un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial. Además, tendrá un cuerpo legislativo y cabildos donde los pueblos no tendrán representación. También establece la creación de un Consejo para el Desarrollo Metropolitano que decidirá sobre usos de suelo, protección al ambiente, preservación y restauración ecológica, en el cual tampoco tendrán representación nuestros pueblos.

¿Qué pueden esperar los pueblos de esta Constitución, si las bases para su elaboración fueron previamente establecidas y los pueblos no tienen representación en la Asamblea Constituyente?

A los pueblos no sólo nos preocupa que los constituyentes se limiten a seguir el guión que previamente les ha sido trazado y que validen el proyecto de Constitución que presentará Miguel Ángel Mancera sino que, conociendo el servilismo y el afán de quedar bien con sus patrones, hasta pudieran establecer en la Constitución nuevos mecanismos para vulnerar los derechos que nuestros pueblos tienen sobre sus territorios y que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Convenios Internacionales sobre derechos y cultura indígena.

Los escasos constituyentes dignos, valientes y comprometidos con los ciudadanos y pueblos, los que lograron sortear los candados impuestos para la integración de la Asamblea Constituyente, difícilmente podrán detener el proyecto neoliberal de Constitución que se pretende imponer si no están respaldados de movilizaciones sociales de los pueblos y los ciudadanos.

Los pueblos, ante un nuevo embate de la clase política para debilitar nuestros derechos, seguiremos resistiendo y exigiendo una relación justa con el Estado. Seguiremos trabajando abajo para mantener el control y dominio de nuestros territorios metro a metro.

Xochimilco: el interés por su sobrevivencia

Andrés Castillo Martínez Escuela Nacional de Antropología e Historia  [email protected]

FOTO: Hernán García Crespo

Con la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1987, se reconoce la importancia de la conservación de este lugar. Nadie hasta el momento niega que la conservación y el rescate de Xochimilco sea un tema prioritario.

Acorde con esta declaratoria, dentro de los objetivos de cada administración local queda asentado que es parte de los compromisos a cumplir. Se han llegado, incluso, a formar estructuras burocráticas y de acopio de recursos que aporten en ese sentido.

La importancia de ello se hace patente toda vez que buena parte de la economía local se basa en la imagen que se promueve del sitio y de las festividades y actividades culturales que se desarrollan periódicamente y las que se crean para mantener un flujo constante de visitantes.

La economía así se basa en la explotación del espacio y la cultura tradicional. Este concepto hace una gran diferencia y está en contraposición con la conservación y el rescate, ya que lo prioritario es la utilización, lo utilitario del lugar, y para ello hay que conservar y embellecer pero en lo inmediato, no para el futuro.

Ejemplos de esto es la creación del Fideicomiso Complejo Ambiental Xochimilco y la Comisión Interdependencial para la Conservación del Patrimonio Cultural y Natural de Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, iniciativas dejadas de lado y que no cumplieron con sus expectativas. A nivel administrativo se depende de los intereses políticos de los gobernantes en turno y del clientelismo que les acomode fomentar o conservar.

El desastre que de esto resulta es palpable y visible: desarrollos urbanos no aptos para la zona; permisos de construcción para tiendas departamentales, depredadoras del comercio local; asentamientos irregulares en zonas de conservación, sin planeación alguna; invasión de la chinampería para usos urbanos cuando la vocación es agrícola, contaminación constante de los canales que le dan fama mundial a la zona, y con ello desaparición de la fauna nativa y endémica, como el ajolote, tan emblemático para esta zona.

Asimismo, bloqueo con basura y cascajo de canales para propiciar el tránsito vehicular; extracción indiscriminada de agua sin propiciar la recarga a los mantos freáticos; el abandono de la presa de San Lucas, en su momento abastecedora de agua sana a los canales emblemáticos; comercio ambulante creciente no regulado por un plan urbano, sino por los clientelismos políticos, y desplazamiento del productor local supeditado a dicho clientelismo.

Todo lo anterior y mucho más son factores que de diferente manera afectan lo que le da identidad a Xochimilco y que fue argumento para la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad. Más que pensar en un título, que aporta recursos por cierto, lo que preocupa es la pérdida de un sitio rico en tradiciones, costumbres, tejido social, zona de recarga para la vida de esta Ciudad de México, en muchos aspectos.

Pero no todo es panorama sombrío; existen esfuerzos constantes por parte de actores académicos, sociales y políticos. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, tiene programas específicos de investigación y colaboración con pobladores y productores: organizaciones de prestadores de servicios colaboran con la limpieza y organización; la terquedad de algunos productores para no abandonar sus cultivos y tradiciones, rituales y festividades, tan propios y heredados de los abuelos, y la Coordinación de Pueblos y Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, como espacio de discusión y encuentro para la búsqueda de soluciones a las problemáticas y embates del capital depredador, son sólo algunas de las acciones e iniciativas para rescatar tan preciado lugar, emblemático en el exterior.

FOTO: Andrés Castillo

De frente a los tiempos políticos que se viven y la reciente creación del estado 32, tan mencionada como panacea para la solución de varios de los problemas de la ahora llamada Ciudad de México, es pertinente que el cuestionado Constituyente que elaborará la Constitución respectiva local (tal vez siquiera para demostrar que es plural e incluyente, ya que hasta el momento no contempla la atención a población indígena en específico, si bien es un asunto muy complejo en el caso de población flotante y migrante) incluya en específico a Xochimilco y los pueblos de sur, que son considerados población originaria e indígena por lo tanto.

Sabemos que la composición actual de la delegación Xochimilco ya está permeada por un crecimiento demográfico exógeno, ajeno e incluso contrario a la forma de vida y respeto a los símbolos locales, pero la proporción de nativos, aunque menor, es más compacta y organizada y representa un factor de suma importancia en el rescate de la zona. Crear los mecanismos de consulta, atención y solución, así como un trato especial, es de suma importancia para la vida de este reducto cultural y para la vida de la Ciudad misma.

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