Garantizar derechos

Ismael Mejía Hernández Estudiante de Doctorado del Colegio Mexiquense  [email protected]

Aspecto general del Foro Derechos de los Pueblos Indígenas Rumbo a la Constitución de la CDMX

Históricamente la Ciudad de México ha sido un referente importante para el resto del país; en tiempos muy recientes dicha influencia ha estado marcada por la adquisición de derechos o aplicación de políticas públicas en la capital del país y su posterior replicación en otras entidades de la República.

En este sentido, en la coyuntura de la creación de una Constitución para la Ciudad de México se vuelve fundamental la inclusión de derechos de avanzada para que los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes garanticen su derecho a la consulta, a la libre autodeterminación, a formas de organización y representación tradicional, así como al territorio y sus recursos naturales. Además de la adquisición de derechos de este sector de la población en la capital del país, la nueva Constitución capitalina podría generar un impacto positivo en los pueblos originarios de la zona metropolitana del valle de México (ZMVM).

No hay que olvidar que en el espacio que hoy conforma la ZMVM han existido históricamente núcleos de población desde el periodo prehispánico y colonial, los cuales formaron una red dinámica entre ellos, así como con la hoy capital del país, en donde al devenir del tiempo se fueron adaptando a las circunstancias que impusieron los momentos históricos por los que transitaron.

Sin embargo, la dinámica de urbanización que se ha desarrollado alrededor de los pueblos originarios a partir de la segunda mitad del siglo XX ha sido devastadora, no sólo para los pueblos de la Ciudad de México, sino también para varios pueblos de los estados que conforman la ZMVM, los cuales han padecido el despojo de sus tierras ejidales y comunales por las vías de la invasión, la expropiación y la venta clandestina, para solventar las necesidades que se generan con la urbanización.

Esta expansión metropolitana ha crecido de manera permanente y parece no tener fin: a mitad del siglo XX sólo abarcaba el territorio de la capital del país y un municipio mexiquense, y en la actualidad su extensión abarca las 16 delegaciones de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses y un municipio del estado de Hidalgo. Se ha generado contínuum urbano que no respeta fronteras políticas y por ende transforma lo que encuentra a su paso.

Desafortunadamente, en este crecimiento urbano, las autoridades de gobierno estatales y municipales no se han preocupado, ni les ha interesado, la construcción de una legislación específica para este sector de población, ni mucho menos políticas públicas que garanticen la protección de sus territorios y sus recursos naturales, sus formas de organización comunitaria y su diversidad cultural. Todo lo contrario, en los años recientes se ha permitido la construcción de grandes conjuntos habitacionales, muchos de ellos en terrenos otrora ejidales, lo cual ha afectado las dinámicas socioculturales y el acceso a recursos naturales de los pueblos.

A manera de ejemplo, vemos que ya son una constante las luchas de resistencia de pueblos como San Pablo Tecalco y Santa Cruz Tecámac, por la defensa del agua, la cual se ha visto disminuida por la perforación de pozos de extracción que realizan las empresas inmobiliarias en contubernio con las autoridades municipales, para satisfacer las necesidades de la población que llega a habitar los conjuntos habitacionales. Aunado a ello, hay una permanente presión de las autoridades municipales hacia los pueblos para que entreguen la administración de los comités de agua autónomos que todavía conservan como parte de sus formas de organización comunitaria.

Otro de los casos emblemáticos es la constante apropiación del territorio de los pueblos originarios para la construcción de infraestructura urbana. He allí el pueblo de San Salvador Atenco, que no sólo ha perdido una parte importante de su territorio, sino que ha sufrido una confrontación entre sus pobladores, por el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y de manera más reciente, la pretensión de rebanar cuando menos 26 metros de la punta del cerro de Chiconautla, para que, según las autoridades aeronáuticas internacionales, exista una mejor operación del aeropuerto, a pesar de que en dicho territorio existen vestigios arqueológicos y es un lugar de reunión comunitaria de los pueblos de Santo Tomás Chiconautla y San Pablo Tecalco, de los municipios de Ecatepec y Tecámac respectivamente.

Pueblos Indígenas en
la Ciudad de México

Gustavo Omar Meneses Camacho Escuela Nacional de Antropología e Historia  [email protected]

La Ciudad de México es el ejemplo más claro de la composición pluricultural de la nación. Según datos del censo 2015, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de los ocho millones de personas que habitan en ella, alrededor de 785 mil son indígenas.

Las delegaciones con mayor presencia de población indígena son Milpa Alta (20.3 por ciento), Tláhuac (14.6), Xochimilco (12.4) y Tlalpan (11.8 por ciento), seguidas por las delegaciones de Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

FOTO: Mercedes Montes Santos

De acuerdo con información de la Gaceta Oficial del Distrito Federal publicada el 29 de enero de 2016, se estima que cerca de 129 mil personas de las 785 mil hablan alguna lengua indígena. De este universo, la lengua más hablada es el náhuatl (29.3 por ciento), le sigue el mixteco (12.3), otomí (10.6), mazateco (8.6), zapoteco (8.2) y mazahua (6.4 por ciento), sólo por nombrar algunas de las 68 agrupaciones lingüísticas reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).

Se tiene registro de que a partir de la década de los años 40’s, la Ciudad de México se convirtió en receptora de grandes flujos migratorios. La razón de ello fue el desarrollo de la industria y una consecuente mayor demanda de fuerza de trabajo. En gran medida esta demanda fue atendida por población indígena, la cual, una vez establecida en la Ciudad, continuó reproduciendo su sentido de comunidad a partir de sus formas de organización social, sus fiestas y tradiciones.

Tales manifestaciones culturales permitieron a la población indígena reproducir y comunicar aquello que les significa, que da sentido y permanencia en el tiempo a las nuevas generaciones, así como afrontar los escenarios adversos en un lugar que los discrimina por ser indígenas.

En este sentido, el reto de una urbe pluricultural como la nuestra es transitar de manera efectiva a una relación de respecto a la diferencia cultural; no se trata sólo de reconocer los derechos de los pueblos, sino dar el siguiente paso, fomentar junto con la población indígena el pleno ejercicio de los mismos.

Actualmente, la normativa que guía las acciones del gobierno de la Ciudad de México es el artículo segundo de la Constitución. Para ello, desarrolla una serie de programas por medio de sus dependencias, como la Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), que es la encargada de operar programas sociales dirigidos a población indígena. Entre éstos destacan el Intercultural y de Equidad, el de Medicina Tradicional, el de Fortalecimiento y Apoyo a los Pueblos Originarios, de Turismo Alternativo y el de Mujer Indígena. Programas que en su conjunto en 2016 tienen un presupuesto de 23 millones 552 mil 166 pesos.

Este presupuesto no se destina únicamente a la población indígena de la Ciudad, se comparte con la población afrodescendiente y la población con distinto origen nacional.

Hay varias tareas pendientes por realizar: por un lado; destinar más recursos públicos que contribuyan a que la población indígena de la Ciudad continúe desarrollando las manifestaciones culturales que forman parte de su patrimonio cultural. Por otro lado, se identifican aspiraciones que involucran no sólo recursos, sino también acciones encaminadas a concretar la política de reconocimiento a la diversidad cultural, esto es:

-Contar con recursos suficientes para apoyar proyectos que impulsen la creatividad, recuperación y preservación de los elementos y manifestaciones que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos indígenas, por medio del apoyo a las iniciativas presentadas por ellos mismos.

-Documentar y difundir las manifestaciones culturales que conforman el patrimonio de los pueblos indígenas, de manera que coadyuven a fortalecer sus procesos de identidad social y relaciones interculturales con la sociedad no indígena.

De lo que se trata es de impulsar acciones encaminadas a conservar las creaciones y conocimientos de los pueblos indígenas; fomentar el reconocimiento de su identidad y su cultura, e impulsar su participación y liderazgo en la defensa de su patrimonio, por medio de una legislación que haga efectivo el reconocimiento de sus derechos y la práctica de sus tradiciones, lenguas y formas de vida.

Inclusión de los pueblos originarios en la ley de participación ciudadana: una oportunidad para el constituyente Ismael Mejía Hernández Estudiante de Doctorado del Colegio Mexiquense [email protected] En 2010 se aprobó en la capital del país la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF), la cual mostraba diversas características progresistas que buscaban alentar una mayor participación de la ciudadanía capitalina y generar con ello acciones de gobernanza que fortalecieran la toma de decisiones corresponsables entre población y gobierno en el ejercicio público. Para los efectos de este artículo retomo dos de sus principales características: 1) el ejercicio del presupuesto participativo por medio de la consulta ciudadana, y 2) la inclusión de la categoría de pueblos originarios y la figura de Consejos de los pueblos. El presupuesto participativo consiste en la disposición del tres por ciento anual del ejercicio presupuestal de cada delegación para la ejecución obligatoria de proyectos que beneficien a cada colonia o pueblo originario previamente delimitado por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Ceremonia en defensa del cerro de Chiconautla Dichos proyectos son propuestos por los habitantes de cada colonia y pueblo, los cuales,en primera instancia, son aprobados por las respectivas delegaciones y finalmente son sometidos al mecanismo de consulta ciudadana cada año. Para ello, en 2010 el IEDF realizó un ejercicio de delimitación geográfica de cada colonia y pueblo del Distrito Federal, en donde, de acuerdo con el artículo 6 de la LPCDF, tomó como base “la identidad cultural, social, étnica, política, económica, geográfica y demográfica”; para el caso de los pueblos originarios, además se consideró aquellos que –mantienen la figura de autoridad tradicional de acuerdo a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales. En ese sentido, se crearon figuras representativas de las colonias y los pueblos; en el caso de las primeras, se llamaron Comités Ciudadanos, y en el caso de los segundos, Consejos de los Pueblos, que mantendrían la figura de autoridad tradicional de acuerdo con sus normas procedimientos y prácticas tradicionales, y serían elegidos mediante un proceso de Consulta Ciudadana cada tres años en su demarcación correspondiente. Para el caso de los pueblos originarios, se reconocieron 40, ubicados en las delegaciones Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, ya que según el IEDF eran los que cumplían el requisito de contar con autoridades tradicionales; sin embargo, esta decisión dejó afuera a poco más de 70 por ciento de los pueblos reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal, que en total suman 145. La situación generó inconformidad en los habitantes de los pueblos no considerados, quienes sentían que la Ley, además de excluyente, no reconocía los diferentes procesos históricos por los que habían transitado los pueblos que se encuentran en la capital, en donde la urbanización había afectado de manera diferenciada a los pueblos del norte y sur de la ciudad: mientras en el norte la urbanización ocurrió de forma acelerada y anárquica con la industrialización y los asentamientos habitacionales, afectando el territorio de los pueblos y sus formas de organización comunitaria, en los pueblos del sur estos procesos han resultado más lentos y en menor proporción. La condición de los pueblos del norte no significa la omisión absoluta del conjunto de elementos que dan sentido al pueblo; se preservan la continuidad territorial de sus cascos urbanos, el sistema de parentesco de los habitantes nativos y las fiestas patronales. Eso fue manifestado de manera particular por los pueblos que se encuentran en el Distrito II del IEDF, San Pedro Zacatenco, San Bartolo Atepehuacan y Santiago Atepetlac, en los cursos de capacitación a los Comités Ciudadanos realizados por el personal de capacitación ciudadana de dicho Instituto, del cual formé parte el año 2010. Ahora bien, en términos generales la LPCDF ha venido modificándose desde el 2010 con varias reformas que buscan cumplir los objetivos de gobernanza que se propusieron desde su implementación, a pesar de los enormes vicios de clientelismo y cooptación política que de ella hacen los jefes delegacionales. Dichas reformas a la LPCDF permitieron al reconocimiento este año de los pueblos originarios de La Magdalena Atlitic, San Bernabé Ocotepec, San Nicolás Totolapan y San Jerónimo Aculco-Lídice, de la delegación Magdalena Contreras, y San Lorenzo Acopilco, San Mateo Tlaltenango, San Pablo Chimalpa y San Pedro Cuajimalpa, de la delegación Cuajimalpa. Así, suman ya 48 pueblos reconocidos por dicha Ley. Ahora bien, más allá del reconocimiento de estos pueblos por decreto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en mayo del 2016, los habitantes de los pueblos San Pedro Cuajimalpa y San Jerónimo Aculco-Lídice llevaron a cabo procedimientos ante el Tribunal Electoral para salvaguardar y defender sus derechos políticos. En el caso del primero ya se dio la resolución de una sentencia (www.iedf.org.mx/taip/cg/acu/2016/ACU-049-16.pdf) y en el caso del segundo existe un proceso abierto, que pospuso la elección de la consulta para la elección del Consejo de su pueblo programada para el pasado 4 de septiembre. En este sentido, se vuelve necesario que se consideren en el Constituyente de la Ciudad de México la inclusión de otros parámetros que reconozcan y beneficien a más pueblos originarios en la LPCDF.

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