l nombramiento del general Froylán Carlos Cruz como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas sienta un antecedente que debe leerse con cuidado por las consecuencias que conlleva: la decisión se originó en el despacho del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, en respuesta a la solicitud del gobernador de Zacatecas, quien, en consecuencia, sólo avaló con su firma la decisión de la estructura militar nacional. Es una decisión que ilustra cómo, ante la aguda crisis de seguridad del país, las fuerzas armadas han ido acumulando poder político en las entidades federativas, al grado de ejercer la potestad de nombrar funcionarios públicos. De inmediato surge la primera interrogante: ¿A quién obedecerá este funcionario? ¿Al gobernador civil del estado o al general secretario? Parece ser un paso en dirección a la centralización del mando de seguridad en el ámbito de las fuerzas armadas; una facultad del Ejecutivo estatal se hiper-centraliza en manos de autoridades que están bajo un régimen especial de rendición de cuentas. Podría aducirse que el objetivo es evitar la captura y control de los cuerpos de seguridad por parte del crimen organizado, pero también es un hecho que los militares en México han ido adquiriendo un poder político que les había estado vedado desde la década de 1950.

Asimismo, es poco probable que un militar preparado para la guerra y en inteligencia militar aplique estrategias de seguridad basadas en la reconstrucción de tejido social y en la confianza ciudadana. Es extraño que el gobernador haya optado por un perfil que muestra continuidad del modelo y que al mismo tiempo diga que las cosas se harán de manera diferente. Hay que conocer con detalle las justificaciones. Es importante que se presente a los zacatecanos el Plan Estatal de Seguridad para los próximos años, porque ahora hay poca información y bastante desconcierto.