Culiacán, Sin.

El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, Malova, negó que la reforma que permite ratificar por seis años más a los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) del estado sin convocatoria abierta y sin que puedan ser destituidos pretenda protegerlo de posibles denuncias de corrupción.

Es un caso muy distinto a los de Veracruz y Chihuahua. Esa iniciativa no pretende blindar a ningún gobierno, ni municipal ni el estatal, porque el Tribunal de lo Contencioso siempre está del lado de los ciudadanos y siempre actúa en contra de las autoridades, sostuvo durante una gira de trabajo.

Su administración, agregó, no elaboró esta reforma, publicada el 19 de agosto; además, dijo, cerca de 95 por ciento de los casos que atiende el TCA se resuelven en favor de los ciudadanos.

Sin embargo, el Centro Empresarial Sinaloense señaló que la reforma es anticonstitucional y contraria al Sistema Nacional Anticorrupción, pues si los magistrados son incondicionales del gobernador, no garantizan imparcialidad en casos de tráfico de influencias.

“Esto no protege actos de corrupción; actúa en contra de actos de abuso de autoridad. Los actuales magistrados tienen que ser ratificados por seis años, de acuerdo con esa ley. Esa ratificación tendría que hacerla el Congreso, y no esta legislatura, sino la siguiente. ¿Cómo pueden mencionar que Malova busca un blindaje?”, cuestionó López Valdez.

La reforma fue aprobada por la legislatura local en 2013, tres años antes de que fuera publicada por el mandatario en el Periódico Oficial del Estado.

El mandatario afirmó que pospuso su publicación porque temía que los magistrados pudiesen quedarse de manera permanente, pero al establecer el Sistema Nacional Anticorrupción eso ya no es posible.

No obstante, organismos empresariales promueven un recurso de inconstitucionalidad y enviaron solicitudes y quejas a la Procuraduría General de la República, al Congreso del estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.