Familiares de personas desaparecidas exigieron al Senado ser realmente tomadas en cuenta para la elaboración de la legislación general contra la desaparición forzada y de particulares, y censuraron que el predictamen que se conoce hasta ahora este basado esencialmente en la deficiente propuesta presentada por el titular del Ejecutivo federal.

Agrupados en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, integrantes de diversos colectivos de la sociedad civil caminaron este martes, durante varias horas, frente a la sede del Senado, sobre Paseo de la Reforma, para plantear esta exigencia y entregar una iniciativa ciudadana con los requisitos indispensables que debe contener dicha ley.

Nadín Reyes, coordinadora del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, explicó que esta iniciativa ciudadana –que también fue entregada la semana pasada a la Cámara de Diputados– tiene como propósito promover que se consideren los elementos necesarios para proteger a toda persona contra la desaparición forzada y la cometida por particulares; establecer las sanciones y penas adecuadas, y la prevención, reparación integral y erradicación de este delito de lesa humanidad.

Esta propuesta, elaborada desde la realidad y las necesidades de los familiares que tienen un ser querido desaparecido, también señala los elementos necesarios de coordinación entre los tres niveles de gobierno para realizar la búsqueda, localización e investigación de los delitos, a fin de atenderlos desde las primeras horas de ausencia, que resultan cruciales para poder localizarlas.

Durante el desarrollo de la caminata fueron colocadas en las rejas del recinto legislativo más de una veintena de fotografías de hombres y mujeres de todas las edades que han sido desaparecidas en la mayoría del territorio nacional, así como mantas exigiendo su aparición con vida lo más pronto posible y alto a la impunidad.

Varios de los oradores criticaron la falta de voluntad política y de sensibilidad por parte del Estado mexicano para poder erradicar y sancionar la desaparición forzada –cuando la comete un agente estatal– y la cometida por particulares. De manera conservadora, cifras oficiales señalan que en el país hay casi 27 mil personas desaparecidas o ausentes.

La iniciativa entregada este martes al Senado esta respaldada por 272 organizaciones de familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones de derechos humanos, organizaciones populares, indígenas y asociaciones civiles, además de personalidades, intelectuales, académicos y personas solidarias con este movimiento.