Familiares de cuatro menores de edad y una mujer, asesinadas en el municipio de Tamuín, San Luis Potosí, entre 2010 y 2014, denunciaron que ante la negligencia e incapacidad de las autoridades ministeriales del estado el presunto asesino de nombre Filiberto Hernández Martínez fue declarado en libertad por falta de elementos probatorios en uno de los procesos.

Explicaron que aunque permanece en prisión por los otros cuatro casos, al dictarle auto de libertad se sienta un precedente para que Hernández Martínez quede libre en todos los procesos que se le siguen.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, familiares de las víctimas dijeron que están indignados al observar la negligencia de las autoridades estatales y municipales, por lo que pidieron al gobierno federal y la autoridad judicial poner atención ante la liberación del feminicida.

Los familiares y sus abogados narraron que aunque Hernández Martínez –militar retirado y catequista– era sospechoso en uno de los casos, fue detenido en julio de 2014 por portación de arma de fuego de uso exclusivo. Entonces confesó los homicidios que había cometido y la ubicación exacta de los cinco cuerpos en la zona conocida como El Cañaveral, entre los municipios de Tamuín y Ciudad Valles.

Tras localizar los cuerpos, la defensa alegó que el ex militar fue víctima de tortura y el juzgado primero del ramo penal de Ciudad Valles le dictó auto de formal libertad a principios de este mes.

Los abogados señalaron que de manera inverosímil, en ninguna de las carpetas de investigación abiertas, elaboradas por el Ministerio Público, se ha incorporado algún elemento de prueba.

Las víctimas son Dulce Jimena Reyes Rodríguez, Itzel Romany Castillo, Adriana Martínez Campuzano, de 9, 11 y 13 años, respectivamente; Rosa María Sánchez González, de 17, y Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años de edad.