uego de tres años de crecimiento inédito en el presupuesto para ciencia, tecnología e innovación en México, que arrancó con la promesa presidencial de alcanzar al final de la presente administración uno por ciento del producto interno bruto (PIB), ingresamos desde finales de 2015 –con el primer recorte al presupuesto– a un periodo de estancamiento en el crecimiento del gasto. Ahora, con la propuesta presupuestaria para 2017 entregada el jueves por el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, a la Cámara de Diputados, aparecen claros signos de regresión. Más allá de las diversas apreciaciones que se puedan tener en torno a lo anterior, eso muestran lo datos.
Uno de los hechos más significativos antes de conocerse el proyecto de presupuesto para 2017 fue la renuncia del doctor Luis Videgaray como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dimisión aparentemente provocada por la crisis política asociada con la visita de Donald Trump a México. El ahora ex secretario de Hacienda había reconocido la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) en el desarrollo económico y social del país y fue uno de los más importantes promotores del crecimiento del gasto en estas áreas desde el inicio del sexenio.
Videgaray anunció en mayo que por instrucciones del Presidente en el proyecto de presupuesto de 2017 quedarían protegidos los recursos para CTI y educación superior. La promesa sólo pudo cumplirse a medias, pues algunas de las principales instituciones de educación superior y centros de investigación del país, como las universidades Nacional Autónoma de México y Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, aumentarán ligeramente sus recursos (sin considerar inflación), aunque otras, como algunas instituciones educativas en el interior de la República y las universidades Agraria Antonio Narro, Pedagógica Nacional o El Colegio de México, sufrieron recortes de moderados a graves.
El relevo en Hacienda ocurrió un día antes de la entrega del proyecto de presupuesto, lo que significa que el documento ya estaba listo, aunque durante los días previos (cuando se planeó el cambio de responsables en esa secretaría) pudo haber una intervención de último momento sobre la filosofía del proyecto o en algunas variables generales, cuyo movimiento puede afectar de manera determinante recursos para algunas áreas. ¿De quién es la responsabilidad de la versión final? No sabemos, y a estas alturas es algo irrelevante, pues, a fin de cuentas, se trata de una propuesta del Poder Ejecutivo, cuyo vehículo es la secretaría del ramo.
Los efectos más adversos del proyecto son los que afectan a CTI. A escala general hay una reducción en el gasto total, el cual pasa los 91 mil 650 millones aprobados en 2016, a 85 mil 833 millones para el próximo año. Para mayor precisión, los recursos fiscales (lo que efectivamente proviene del erario) en 2016 representaron 76 mil millones, y bajarán a 70 mil 513 en 2017 (la diferencia respecto del monto total está dada por los ingresos propios del sector, que son de aproximadamente 15 mil 500 millones).
Como he comentado en ocasiones anteriores, el presupuesto se distribuye entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), organismo responsable de financiar los aspectos más tangibles del gasto en CTI, y las diferentes secretarías de Estado o dependencias. Algunas tuvieron aumentos, en otras no hubo variaciones importantes respecto del año anterior, y algunas más muestran algún descenso. Pero la reducción más importante en el proyecto de presupuesto para 2017 ocurre precisamente en los recursos para el Conacyt, lo cual representa un golpe realmente muy duro para las actividades científicas y tecnológicas de México.
En 2016, el presupuesto asignado a este Consejo fue de 34 mil 10 millones de pesos provenientes de recursos fiscales, y para 2017 será de 26 mil 963; es decir, este organismo tendrá un recorte de aproximadamente 7 mil millones (Anexo 12 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, pp. 84-87). En otras palabras, el recorte afectará a las actividades sustantivas en ciencia y tecnología del país y algunas de las más importantes para la comunidad científica.
Ante estos cambios puede proponerse una especie de adaptación, pero realmente lo que debemos preguntarnos es si realmente esta es la ruta que debe seguir México para su desarrollo. Es cierto que el país enfrenta un escenario económico muy complicado, pero el costo que representa mantener los recursos del Conacyt en realidad no es tan alto para el país como sí lo es el costo del atraso y la ignorancia. Los legisladores deben rechazar este proyecto de presupuesto para 2017 y restituir los recursos que se pretender quitar a CTI para que México pueda abandonar de una vez por todas la ruta regresiva hacia la que nos dirigiríamos con el proyecto actual.
