Organizaciones no gubernamentales (ONG), colegios y barras de abogados exigieron en una carta abierta al presidente del Poder Judicial de Chihuahua, Gabriel Sepúlveda, y al gobernador César Duarte que la designación de jueces sea transparente, pues consideran que el gobierno saliente pretende imponer a 61 juzgadores de primera instancia. Al Ejecutivo le exigieron sacar las manos del proceso de selección, convocado cuando faltan sólo tres semanas para concluir su administración.

Alrededor de 30 ONG, encabezadas por Abogadas Democrátas, Alianza Ciudadana, El Barzón, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, así como la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, pidieron al gobernador electo, Javier Corral, que se integre un consejo ciudadano de la Judicatura que dé seguimiento a los procesos y a las sentencias.

La semana pasada, cuando el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) fue convocado por su presidente, Gabriel Sépulveda –considerado cercano a Duarte–, Javier Corral advirtió que se pretendía dar un albazo judicial para nombrar jueces sin proceso de oposición y sin méritos.

Entre los jueces nombrados en agosto del año pasado por el entones presidente del TSJ, José Miguel Salcido, sin exámenes de oposición, destacan hijos del fiscal general del estado, Jorge González, y del fiscal para la zona norte, Enrique Villarreal.

Las organizaciones que firmaron la carta abierta advirtieron que Duarte busca designar jueces a modo para garantizarse impunidad, y aseguraron que a lo largo del sexenio tuvo injerencia en los nombramientos de magistrados.

Las ONG asimismo repudiaron la protección brindada al magistrado Feliberto Terrazas, titular de la segunda sala civil regional de Ciudad Juárez, a quien su concubina denunció en 2015 por golpes y violencia familiar, y fue señalado incluso por la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Emma Saldaña.

También se acotó en la misiva que hubo corrupción y tráfico de influencias en la construcción del complejo Ciudad Judicial, presupuestado inicialmente en mil 50 millones de pesos y que terminó costando casi 2 mil millones, sin que se transparente el uso de los recursos, provenientes de endeudamiento.

Los inconformes demandaron que se suspendan los nombramientos de jueces y se convoque a un nuevo proceso con base en los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 emitido por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, el cual da prioridad a la carrera judicial, la evaluación de cualidades éticas y al conocimiento jurídico.