Zacatecas, Zac.

La deuda pública de Zacatecas reconocida por el priísta Miguel Alonso Reyes –quien este lunes entrega la gubernatura– es de 7 mil 400 millones de pesos, alrededor de 5 mil millones de pesos más de los que le dejó su predecesora Amalia García Medina, del PRD; es decir, el débito aumentó 208 por ciento.

Sin embargo, el ex secretario de Finanzas y ahora gobernador electo, el también priísta Alejandro Tello Cristerna, informó que la deuda pública de la entidad es de 12 mil millones de pesos, una diferencia de 4 mil 600 millones de pesos respecto de la aceptada por el mandatario Alonso Reyes.

La declaración de Tello Cristerna (quien antes de trabajar en el gobierno fue funcionario bancario) se publicó en La Jornada el pasado 1° de junio; es decir, cuatro días antes de las elecciones pasadas.

Tello Cristerna fue el tesorero del estado en los dos primeros años del gobierno de Alonso, para luego con su apoyo convertirse en candidato y senador. Ahora como sucesor de su padrino político, el priísta admite que en términos financieros heredará una situación compleja.

–¿No fue irresponsable haber dejado crecer tanto la deuda? –se le preguntó en días recientes.

–Quizá. Al final de cuentas la deuda se acumula desde hace tres sexenios –respondió.

Semanas antes, al presentar su sexto y último informe de gobierno, Alonso Reyes afirmó que al margen de manoseos coyunturales y despropósitos electoreros, la deuda pública del estado, además de manejable y moderada, es transparente, y todo aquel que tenga interés en corroborarla basta con que invierta unos minutos para la debida consulta en la página de Internet de la Secretaría de Hacienda.

Deuda de Monreal: $650 millones

El gobierno del entonces perredista Ricardo Monreal Ávila (1998-2004), dejó una deuda de aproximadamente 650 millones de pesos a Amalia García Medina (2004-2010), también del PRD, quien en septiembre de 2010, al dejar la administración estatal, legó una carga financiera de 2 mil 400 millones de pesos a Alonso Reyes.

Seis años más tarde, Alonso Reyes heredará a su sucesor, Alejandro Tello, 7 mil 400 millones de pesos de deuda. Esto significaría que de aquí a 2028, fecha en la que se finiquitará el pago de los contratos de empréstitos firmados con la banca privada, el gobierno está comprometido a realizar las coberturas por los intereses anuales de esa deuda (sin considerar pago del principal), con el equivalente a 90 por ciento de los recursos propios que ingresan en las arcas estatales por recaudación. Alrededor de 900 millones de pesos. (El 92 por ciento del presupuesto anual del estado proviene de la Federación).

Sin embargo, en intervenciones en la tribuna del Congreso local, los legisladores María Guadalupe Medina Padilla, coordinadora del PAN; Iván de Santiago Beltrán, del PRD; Soledad Luévano Cantú, de Morena, y José Luis Figueroa Rangel, del PT, han señalado que la deuda real asciende a 14 mil 500 millones de pesos.

El martes 2 de agosto, durante su mensaje político por el sexto informe de gobierno –que entregó por escrito al Congreso estatal–, Alonso Reyes declaró: “hoy Zacatecas es otro, ha recuperado su crecimiento y las finanzas públicas están en orden.

“Las calificadoras internacionales Moody’s y Fitch consideran estables las finanzas del estado y la deuda pública, que asciende a un total de 7 mil 400 millones de pesos es manejable y moderada.”

Incluso Alonso Reyes aseguró que de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, Zacatecas es el sexto estado menos endeudado del país relacionando las obligaciones crediticias con las participaciones federales. No dejaremos compromisos obscuros ni sorpresivos y la siguiente administración sexenal encontrará la casa limpia y las finanzas sanas.

La banca privada, favorita

Desde que asumió la gubernatura, en septiembre de 2010, Alonso Reyes encabezó una administración proclive al endeudamiento con la banca privada, en lugar de buscar recursos extraordinarios en el gobierno federal y el Congreso de la Unión, para saldar los pagos de la deuda que heredó, incluso para financiar los nuevos proyectos de infraestructura pública y seguridad.

A un año y seis meses de su toma de posesión, por recomendación de la iniciativa privada, el gobernador comenzó a endeudarse con la banca privada hasta para liquidar por adelantado obras gubernamentales que estaban financieramente planeadas, como la Ciudad Gobierno, mediante un proyecto de prestación de servicios (PPS), que Amalia García había dejado para cubrirse a plazos.

En marzo de 2012, a partir de una recomendación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y del Banco Interamericano de Desarrollo, Alonso Reyes emitió un decreto de finiquito para pagar en una sola exhibición –con un préstamo bancario– el complejo inmobiliario Ciudad Gobierno, valuado extraoficialmente en mil 150 millones de pesos.

Antes, la legislatura local –con mayoría del PRI– autorizó al mandatario contratar específicamente con la banca una deuda directa por mil 300 millones de pesos, para pagar el proyecto a la empresa que construyó la compañía privada LyL Operaciones y Servicios.

Pero en vez de finiquitar Ciudad Gobierno, inexplicablemente Alonso Reyes emitió un comunicado de prensa en el cual señaló que luego de negociaciones privadas con representantes de LyL Operaciones y Servicios, su administración decidió pagar mil 545 millones de pesos (245 millones de pesos más de lo autorizado por el Congreso local) para liquidar a la inmobiliaria. (Un mes antes, en febrero de 2012, Tello Cristerna, entonces secretario de Finanzas, declaró públicamente que ese complejo inmobiliario no vale más de mil 300 millones de pesos).

En 2016, al final de su administración, Alonso Reyes infló las cifras de los costos de aquellos proyectos para justificar la elevada deuda pública que deja:

“Tan sólo los compromisos inaceptables del contrato PPS de Ciudad Gobierno valían más de 3 mil 500 millones de pesos, el documento no pagado a Banamex casi 400 millones (eran 300 mdp) y la deuda con la contratista del (nuevo) Hospital General era de cien millones, además de una fila interminable de otros proveedores y contratistas.

“Ese panorama sombrío hacía necesario y urgente un rescate financiero, una estrategia que enderezara las cosas y les diera rumbo: pagar a los bancos, a los proveedores, a los contratistas, liquidar los PPS implicaba cambiar las deudas de corto a largo plazo… e iniciar un programa profundo de saneamiento financiero”.

Su optimismo lo sustenta en las calificadoras internacionales Moody’s y Fitch que consideran estables las finanzas del estado; y la deuda pública que asciende a 7 mil 400 millones de pesos, piensa que es manejable y moderada.

No obstante, un integrante del equipo de transición del gobernador electo reveló a La Jornada: La realidad de la deuda pública de Zacatecas, el costo verdadero lo sabremos hasta que podamos tener acceso a la información, a los libros y documentos de la Secretaría de Finanzas.