a reciente visita del Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tuvo, dado el contexto de conflictos y violaciones a derechos humanos en los que están implicadas las grandes empresas, una característica importante: las comunidades, pueblos indígenas y campesinos, barrios y habitantes de las ciudades demostraron que su fortaleza más sólida radica en su resistencia y organización para defender sus territorios y los bienes comunes; en exigir y ejercer directamente sus derechos, usando los medios a su alcance para denunciar y defenderse de los despojos y agravios que padecen. Muestra de ello fueron los 81 testimonios que se compartieron en las reuniones con los representantes de la ONU, todos relacionados con prácticas de corrupción para imponer megaproyectos, y con la validación de reglas de comercio e inversión que protegen a estas corporaciones.
Parece poca cosa que uno de los principales logros de este tipo de visitas oficiales sea que los pueblos se reconozcan a sí mismos como sujetos de derechos, y reafirmen por tanto que en ellos radica mucha de la esperanza para cambiar esas estructuras de raíz. Pero no lo es, sobre todo pensando que actualmente, a escala internacional, se debate sobre la efectividad o no de los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, discusión que incluso en este mismo periódico amplió Magdalena Gómez, llamando la atención sobre algunos riesgos desde su análisis crítico ( La Jornada, 06/09/16). Sin embargo, es cierto que este tipo de ejercicios ayudan a denunciar en todo el mundo las falencias de un Estado que declina de sus obligaciones en materia de derechos humanos, y también es verdad que sirven para que, en la escucha atenta, las comunidades y organizaciones encontremos algunos objetivos en común, entre los que podemos incluir el cuidado de la casa y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Todo esto cobra especial relevancia en medio de la crisis que enfrentamos. Ante todos los intentos que grandes corporaciones hacen para continuar con la refuncionalización de los estados en favor de sus intereses particulares, no podemos hacer a un lado la crítica y la denuncia. Por el contrario, estos ejercicios, revitalizados con la participación social, deberían coadyuvar necesariamente a recordar que el Estado debe proteger derechos y evitar a toda costa que las empresas se eximan de sus responsabilidades y sanciones por los daños que cometen. Por tanto, no podemos obviar que éstas tienen implicación en el sistemático despojo de territorios y explotación de recursos naturales, que nos han llevado a una situación límite y sin precedente.
Los planteamientos preliminares al final de la visita de este Grupo de la ONU, dados a conocer el pasado miércoles, ponen énfasis en que las empresas están efectivamente violentando derechos humanos de pueblos y comunidades, tanto en el campo como en la ciudad, al no respetar, por ejemplo, la debida diligencia en la realización de los megaproyectos. Sin duda, la mala o nula implementación de la consulta previa, libre e informada es un hecho innegable, ya que no ha sido seriamente realizada y garantizada por el Estado. Por el contrario, y debido a la refuncionalización de sus instituciones y políticas, en la actualidad, y a voluntad de las grandes corporaciones, se instrumentaliza para garantizar que las empresas lleven a cabo todos sus proyectos.
A decir de los dos integrantes del grupo de trabajo, se requiere fortalecer el derecho a la consulta y generar más vías de diálogo social que permitan resolver los conflictos. Siempre reconociendo que la razón de ser de un Estado se cimenta en el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo mismo, en la realización plena e integral de los derechos humanos de las personas y pueblos. Por tanto, el Estado tiene la obligación de rescatar una institucionalidad que le permita garantizar los derechos humanos frente a las grandes corporaciones. La visita de este grupo de la ONU permitió también conocer el proceso que se lleva a cabo para la creación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, del que desde ahora sabemos que tiene que ser más transparentado y que requiere que el grupo de actores que participan en su deliberación sea ampliado con el fin de llegar a consultar más directamente a comunidades, pueblos indígenas, campesinos, integrantes de sindicatos que luchan por sus derechos laborales y a barrios y colonias de grandes ciudades, que también se ven afectadas por la actividad empresarial, e incluir a más organizaciones sociales interesadas en estos asuntos.
Es importante reconocer la visita que hizo el Grupo sobre Empresas y Derechos Humanos, pues señaló puntos que vale la pena considerar. Sin embargo, debemos también ser muy claros en reconocer que el Estado, insisto, ha estado siendo refuncionalizado para garantizar no los derechos humanos, sino los derechos mercantiles, financieros y de propiedad privada de las grandes empresas y las corporaciones multinacionales. Cosa paradójica, ya que aparentemente existe la buena voluntad de las empresas y el Estado para remediar la situación de crisis que se han provocado con los megaproyectos, y no vemos del todo claro cómo efectivamente podrían garantizar su no repetición cuando casos como las reformas estructurales, la negociación de tratados comerciales y la subordinación del propio Estado ante las exigencias de las empresas configuran sin duda lo que ahora llamamos refuncionalización del Estado y desvío de poder en favor de los intereses empresariales. El Estado se devela como el ejecutor administrativo de los grandes capitales transnacionales, pero también como el brazo armado que controla a la población que disiente y se organiza frente al poder corporativo. Ese es el reto.
