De nuevo Ostula
e nuevo Ostula. Esta comunidad del Pacífico michoacano reactivó esta semana un retén de seguridad en la carretera costera 200 de la entidad, con la participación de comuneros y de la policía comunitaria. El motivo es el reagrupamiento de ex miembros de los templarios, quienes, acusan los pobladores, están tomando el control de regiones enteras de la costa y sierra de Michoacán ante el silencio ominoso
de la Marina Armada y del resto de los cuerpos de seguridad.
La población de Ostula ha vivido todas las ofensivas posibles: empresas mineras, crimen organizado, pequeños propietarios y gobiernos en turno han combatido a esta comunidad rica en recursos naturales. Aquí el pueblo organiza su seguridad desde 2009 y hoy, ante el fracaso evidente del mando único policial
, refuerzan su guardia comunal.
En un reciente comunicado, la asamblea del pueblo de Ostula alertó sobre la instalación del retén debido también a que no se han cancelado las concesiones mineras otorgadas dentro de su territorio a trasnacionales como la Ternium, y a que en el Tribunal Unitario Agrario 38 de Colima se realizan toda clase de trapacerías
para modificar los linderos de la comunidad con el fin de favorecer a los templarios de La Placita y a las empresas mineras.
La justicia frente a los asesinatos y desapariciones es otra de las exigencias de Ostula, pues continúa impune el homicidio, entre otros, del niño Hidelberto Reyes García, el 15 de julio de 2015, cuando Ejército y Armada reprimieron una manifestación de la población.
La defensa de la tierra ha tenido altos costos para esta comunidad nahua. Más de 30 asesinatos de comuneros y seis desaparecidos son el saldo de cuatro años de lucha, además del encarcelamiento de Cemeí Verdía, comandante de su policía comunitaria, y de la población que ha tenido que huir por la violencia del crimen organizado.
Hoy los agresores tienen nombre y apellido. La comunidad exige la aprehensión de los jefes del cártel de Los caballeros templarios en la zona, identificados por ellos como Federico González Medina, alias Lico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal.
Respeto y garantías para el buen funcionamiento de su policía comunitaria en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila y Cualcomán es otra de las exigencias, a la que se suma la desmilitarización de la región.
La reinstalación de un retén de seguridad no es gratuita. En los últimos años las guardias o policías comunitarias habían logrado disminuir secuestros, asaltos, extorsiones y asesinatos hasta en 98 por ciento, y estuvieron muy cerca de desactivar por completo a Los caballeros templarios, cuando vino la detención de Verdía y la lucha se concentró en las movilizaciones por su libertad.
