Integrantes del colectivo México Igualitario presentaron una denuncia ante la Secretaría de Gobernación (SG) contra la Arquidiócesis Primada de México por el llamado que ha hecho, en su semanario Desde la fe, a una movilización nacional en rechazo al matrimonio de parejas del mismo sexo.

La estrategia jurídica, que encabeza el activista Alex Alí Méndez, busca demostrar la violación a la Constitución y a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Entre otras prohibiciones, dichas legislaciones impiden a las iglesias usar sus publicaciones para convocar a manifestaciones que vulneren los derechos humanos.

El pasado lunes presentaron la querella en la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, y ayer se presentaron otras acusaciones contra las arquidiócesis de Ciudad Juárez y de Puebla, informó el abogado en entrevista.

En 2014 Méndez llevó el tema de los matrimonios igualitarios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Entonces el máximo tribunal consideró inconstitucional que los enlaces civiles sólo se celebren entre un hombre y una mujer.

Ahora basa su petición en tres artículos: el 130 de la Constitución prohíbe a las iglesias que en sus publicaciones llamen a protestas contra los derechos humanos, explicó. Como prueba presentaron “una recopilación de textos aparecidos en Desde la fe, en los que llaman a manifestarse contra los matrimonios gays”. También una convocatoria del 12 de agosto, enviada a las arquidiócesis del país.

El artículo 29 de la ley de asociaciones religiosas dice que no pueden involucrarse en la política, sintetizó. Además, dijo, en varios editoriales de ese semanario se invitó a no votar por los partidos que promovieran el matrimonio igualitario. Es una intervención directa, apuntó. Y el artículo 8 les ordena respaldar todas las leyes del país y promover los derechos humanos.

La SG ha desechado otras denuncias argumentando que los jerarcas católicos ejercen su libertad de expresión. Pero ese derecho es distinto para los ministros de culto; no debe medirse con el mismo estándar. Tiene un límite y ése es no invitar a la movilización.

Las sanciones por lo anterior pueden ir desde una amonestación o una multa hasta retirarles su registro, destacó. Si la respuesta de la SG es negativa, tramitarán un amparo y, de ser necesario, llegaremos a la Corte.