Organizaciones sociales, comunidades y movimientos de diversos estados del país denunciaron ante los integrantes del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Empresas y Derechos Humanos que existe una permanente violación de sus garantías individuales por las actividades empresariales, legales e ilegales, casi siempre impulsadas por las instituciones y funcionarios del Estado mexicano.

En una reunión privada, los representantes y líderes de estas organizaciones detallaron los obstáculos que las comunidades y personas violentadas en sus derechos enfrentan también en los procesos de acceso a la justicia y en la defensa de sus garantías.

Ayer, en una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Senado, este grupo de trabajo de la ONU destacó que durante su visita de 10 días a nuestro país se ha observado una cierta tradición en la cual los proyectos de inversión tienden a ser impuestos de manera algo autoritaria, sin una cultura de diálogo y de conciliación.

Pavel Sulyandziga, presidente de dicho grupo, insistió en que la cultura de diálogo social en general no está bien instalada en la práctica cotidiana, especialmente en los países en desarrollo.

Por su parte, Dante Pesce, otro de los integrantes, advirtió que los temas relacionados con las consultas de los llamados megaproyectos se promueven de manera tardía en México, porque se fomentan en la fase de desarrollo del mismo proyecto y no en la etapa de diseño, con lo cual ya casi nada se puede perfeccionar o hacer. Incluso, dijo, se observa otra práctica de ocultar información que llevan a cabo las empresas.

Desgraciadamente vemos en el país un alto nivel de desconfianza. En estos días recibimos más de 200 testimonios de comunidades indígenas que hablan de desconfianza institucional, y nos presentaron 61 casos en los que los que hay problemas por la falta de someter a consulta los proyectos, indicó Pesce.

La más reciente de estas reuniones se realizó el pasado fin de semana en San Francisco Xochicuatla, donde la comunidad indígena otomí se enfrenta desde hace varios años a la empresa Higa, consorcio que construye –con el apoyo de los gobiernos federal y del estado de México– la carretera Toluca-Naucalpan sobre territorios, bosques y bienes del pueblo originario.

En este encuentro, 28 organizaciones, comunidades y movimientos de los estados de México, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Chiapas, entre otros, denunciaron que existe una política de criminalización que no sólo se ejecuta desde la esfera del Estado, sino también desde particulares, vinculados principalmente a los consorcios y grupos empresariales, interesados en el despojo de los territorios, bosques y bienes comunes de los pueblos.

Además, solicitaron al grupo de trabajo que sus recomendaciones al Estado mexicano estén encaminadas a que garantice un pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos de estas comunidades, tanto indígenas como campesinas, urbanas y rurales, especialmente de los pueblos originarios y barrios de grandes ciudades.

La falta de acceso a la justicia y la impunidad fueron otras de las denuncias presentadas, por lo que se pidió recomendar al Estado mexicano adecuar los mecanismos de acceso a la justicia y sancionar los actos y omisiones de las actividades empresariales que vulneran derechos humanos individuales y colectivos.

En su misión, el grupo visitó el estado de México, Jalisco, Durango, Oaxaca y la Ciudad de México –donde existen proyectos mineros, de vivienda, agua, energía y transporte–, se reunieron con comunidades indígenas, funcionarios federales, estatales y municipales; con ejecutivos de empresas privadas y nacionales como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.