El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia hoy la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) –a petición del presidente Enrique Peña Nieto– en contra de las leyes anticorrupción aprobadas por el Congreso de Chihuahua; el proyecto de dictamen propone invalidar la reformas y con ello los eventuales nombramientos hechos por el gobernador César Duarte Jáquez.

Los ministros revisarán la primera de tres demandas presentadas por la PGR en contra de leyes aprobadas a instancias de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz (Javier Duarte) y Quintana Roo (Roberto Borge), que fueron calificadas por los partidos de oposición de ‘‘blindaje’’ para evitar que dichos mandatarios sean denunciados al término de sus mandatos por actos de corrupción.

El documento, elaborado por el ministro José Ramón Cossío, declara la inconstitucionalidad de diversas reformas a la Constitución de Chihuahua y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, publicadas en el Decreto 1364/2016-II el 11 de junio pasado, por considerar que violan los artículos transitorios de la reforma constitucional de mayo de 2015, por haber emitido normas locales y aprobado un sistema local anticorrupción antes de que el Congreso de la Unión aprobara las leyes federales en la materia.

Cossío sostiene que la demanda del Ejecutivo federal, la cual es revisada como asunto prioritario por petición expresa de la Cámara de Senadores, es procedente y fundada porque el Congreso de Chihuahua estaba obligado a esperar a que el Congreso de la Unión aprobara las leyes federales que configuraron el sistema nacional anticorrupción y no lo hizo; ya no analiza si los artículos son en sí constitucionales o no. Simplemente los invalida por la falta de competencia del Congreso local.

La segunda de las tres acciones de inconstitucionalidad que presentó la PGR –listada para resolverse después de la acción contra las autoridades de Chihuahua–, y que también será analizada de manera prioritaria por el pleno, es la que demanda la invalidez de reformas a la Constitución política y de las Leyes de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Orgánica de la Fiscalía General y Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, impulsadas por el gobernador Javier Duarte y avaladas por el Congreso de la entidad.

Javier Laynez, ministro instructor, considera que el Congreso local no es competente para expedir las normas y configurar el sistema local anticorrupción, antes que sean emitidas las leyes generales en la materia, por lo que, al igual que Cossío, propone su invalidez.

La tercera acción que presentó la PGR, a cargo de Norma Lucía Piña Hernández, aún no está listada para ser resuelta por el pleno, en razón de que se presentó un recurso de amparo en contra de las normas impugnadas, lo que atrasó unos días la integración del expediente.