Pachuca, Hgo.

Norma Xóchitl Hernández Colín, diputada federal del partido Morena, informó que hace dos semanas, en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, el gobernador priísta Francisco Olvera Ruiz anunció la entrega de notarias públicas a Juan Manuel Menes Llaguno, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estatal, y a Alejandro Straffon Ortiz, hasta el viernes pasado procurador de Justicia.

Consideró que esto demuestra que en Hidalgo no hay división de poderes. Juan Manuel Menes incurre en conflicto de intereses al recibir del Ejecutivo una notaría pública. Asimismo, exigió su renuncia.

Además del conflicto de intereses, Juan Manuel Menes incumple uno de los requisitos primordiales para ser fedatario: credibilidad. Ahí tienen los colegios de notarios un asunto que deben discutir, añadió.

La bancada de Morena, agregó, elabora una iniciativa de ley para imponer candados a la entrega de notarías públicas por los gobernadores estatales, quienes “al término de sus mandatos acostumbran entregarlas como dádivas a quienes les hacen favores legales e ilegales, como ocurre en Hidalgo.

La iniciativa prevé como requisito primordial no entregar notarías a funcionarios que estén en activo, ni a quienes laboren o tengan algún cargo en los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Buscaremos estipular que para tener una notaría deba transcurrir un periodo de separación del cargo, añadió.

Indicó que también buscarán que se cumplan estrictamente los requisitos académicos y de experiencia laboral que los colegios de notarios exigen para desempeñar el cargo, y no sólo que sean amigos o familiares del gobernador en turno.

El caso de Castro Mercado, uno de los favores al mandatario

Calificó de grave que Juan Manuel Menes haya recibido una notaría porque es obvio que el gobernador lo hizo a cambio de meter en prisión a inocentes mediante procesos plagados de irregularidades, como es el caso del empresario Samuel Castro Mercado, quien, sin ningún tipo de prueba en su contra, permanece encarcelado desde hace más de cuatro años en el penal de Pachuca por un homicidio que no cometió, pero del cual se le inculpó por órdenes del gobernador Francisco Olvera para despojarlo de la planta de la empresa Motor Coach Industries (antes Dina Nacional).

Destacó que el TSJ obligó al juez primero de Pachuca, Porfirio Cruz, a declararse incompetente para resolver el caso de Castro toda vez que el delito que se le imputa fue cometido en Tepeapulco, correspondiente al distrito judicial de Apan.

Sostuvo que el TSJ se da cuenta cuatro años después de que el juez es incompetente y ahora pretende trasladar a Castro al Cereso (Centro de Readaptación Social) de Apan, donde las condiciones son insalubres.