l gobierno de Ecuador ha decidido disolver la Unión Nacional de Educadores (UNE) con argumentos administrativos que ocultan la intencionalidad política que, sin duda, existe en el interés de ilegalizar a una de las más viejas y mayores organizaciones laborales del país.

Para la UNE, esto no es nuevo. La agrupación ha sido participante de todas las luchas contra las políticas neoliberales y por propuestas educativas alternativas, por lo que varios gobiernos la han atacado, pretendido dividirla y, en la pasada dictadura militar, fue ilegalizada, obligándola a realizar su congreso en la clandestinidad.

La UNE fue cercana al gobierno de Rafael Correa en sus inicios, cuando éste dio paso a la aplicación de políticas planteadas en las largas luchas de las organizaciones populares. La ruptura vino por dos lados: el intento gubernamental de controlar toda agrupación social, al grado de que el presidente se pronunciara como legítimo representante de la sociedad civil, y con la aplicación de políticas educativas que incluyeron el debilitamiento de derechos sindicales garantizados por convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la aplicación de una evaluación docente punitiva. El control de las organizaciones ha sido un proceso a tres bandas: cooptación de dirigentes; si no funciona, viene la división al grado de contar hoy con agrupación paralelas en prácticamente todos los sectores sociales, sin representatividad real y un comportamiento que en México se calificaría de charro, y, por último, la criminalización de la protesta social, que ha implicado a más de 700 perseguidos, muchos condenados a largas penas en juicios por terrorismo y cargos afines.

El control supuso eliminar tiempos de permiso para que los dirigentes realicen su labor sindical, prohibir huelgas en el sector público y que se efectúen actividades de la UNE en recintos educativos, impedir los descuentos de los aportes voluntarios para la organización, establecer sanciones a maestros y directores de escuelas por realizar declaraciones a los medios de comunicación, junto con un permanente ataque cargado de insultos, amenazas y denostación pública de los dirigentes. Los ataques, a su vez, buscaban responsabilizar a los profesores de la crisis educativa. El diálogo fue negado y el ministro de Educación justificó eso diciendo que la UNE primero debe ofrecer disculpas por el daño hecho a la enseñanza. Pedido imposible para la organización, que enfrentó la imposición de las recetas neoliberales y plantea una propuesta de educación para la emancipación.

La resolución que disuelve a la UNE se da a pocos días de que la organización, junto con otras, participó en Ginebra en la reunión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y de insistir que el Estado ecuatoriano cumpla con los reiterados señalamientos de la OIT conminándolo a respetar el derecho a la libre asociación de los adherentes de la UNE. De manera previa se había dado un plazo de 15 días para que la UNE respondiera bajo amenaza de disolución, con base en el decreto presidencial 739, por incumplir las obligaciones previstas en la Constitución, la ley y este reglamento (que regula las organizaciones sociales), o por incurrir en las prohibiciones aquí establecidas. Como se ve, una acusación que no señala con claridad cuál es el supuesto incumplimiento, haciendo imposible defenderse y que se efectúe el debido proceso.

Luego se señaló que no inscribió la directiva, aunque la UNE presenta los oficios en los que procuró cumplir con la norma, pero se le impedía con argumentos como que eran copias simples o que no se presentó la información personal de los cerca de 60 mil votantes (de más de 100 mil afiliados) que en elecciones secretas y libres eligieron la directiva en mayo 2014. La solicitud se consideró acto de intromisión y amedrentamiento. Por su parte, la OIT, en diciembre de 2015, pidió al Estado ecuatoriano reconocer esa directiva.

En días recientes un reiterado argumento del ministerio ha sido que la UNE se “vende como sindicato de maestros, cuando sólo sería una ‘organización social’ más cercana a una ONG. La prueba estaría en que la UNE, que nació en 1944, fue reconocida legalmente como gremio profesional en 1950 y porque limitaría para ser sindicato el tener un solo patrón, mientras la UNE agrupa a docentes públicos y del sector privado de todos los niveles educativos. Sin embargo, según convenios de la OIT de los que Ecuador es signatario, la denominación o título de la organización no es trascendente, sino su condición de agrupación que promueve los derechos laborales.

El proceso continúa y ya se anuncia que el 25 de agosto una comisión liquidadora se hará cargo de los bienes de la organización. Para el mismo día, la UNE y el Colectivo Unitario de Organizaciones Nacional de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones Sociales han convocado a marchas en todas las provincias del país en demanda de derechos y plataformas de todos los sectores. Las calles permitirán una constatación de las posiciones en juego, previo al inicio del proceso electoral para nombrar presidente de la república y congresistas.

Si la UNE es disuelta, quedará un peligroso antecedente que podrá ser utilizado por distintos gobiernos de la región que tienen conflictos con las organizaciones de maestros. Por ello es un asunto sobre el que los trabajadores de la región deben pronunciarse.

* Investigador ecuatoriano de la Red Social para la Educación Pública en las Américas