El gobierno federal señala que mantiene la atención y seguimiento permanente a las víctimas de casos relevantes, como el del albergue la Gran Familia, el de la guardería ABC, los crímenes contra normalistas en Iguala, las muertes en Tlatlaya, el de las fosas de San Fernando y Cadereyta, entre otros, y para ello ha brindado asistencia y también mantiene la representación jurídica dentro de los procesos penales.

En el cuarto Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se menciona que en los casos relevantes las acciones realizadas han consistido en proporcionar asistencia y atención integral a las víctimas, lo que ha fomentado la restitución de sus derechos; la representación jurídica dentro del proceso penal; apoyo para traslados, hospedaje y alimentos, con una erogación de 13.8 millones de pesos durante enero-julio de 2016, gasto que representa un incremento real de 398 por ciento en relación con lo observado en el mismo periodo de 2015, que fue de 2.7 millones de pesos.

Asimismo, refiere que el gobierno de México, para impulsar firmemente la agenda de derechos humanos en los foros multilaterales, realizó, entre otras acciones, una que se relaciona con caso Iguala, y en el contexto del 156 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) firmaron un acuerdo sobre los alcances de su labor durante la segunda etapa de su mandato, el cual se dio a conocer y se puso a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante la audiencia pública sobre el informe del caso Ayotzinapa, el 20 de octubre de 2015.

Asimismo, refiere el Informe que una vez finalizado el mandato del GIEI (30 de abril de 2016), el gobierno reafirmó su compromiso de seguir colaborando con la CIDH en el cumplimiento de las medidas cautelares del caso.