Zacatecas, Zac.

La cuenta pública 2014 del gobierno estatal, que encabeza el priísta Miguel Alonso Reyes, fue aprobada por el Congreso local a pesar de que contiene un informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) que fincó responsabilidades a más de 25 funcionarios para que restituyeran al erario más de 142 millones de pesos, cuyo destino no aclararon.

En una sesión extraordinaria convocada a 12 días de que Alonso Reyes deje el cargo, 16 legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza aprobaron el dictamen sin mayor trámite. Hubo seis votos en contra y cuatro abstenciones.

Los diputados no consideraron el reporte de la ASE, que detalla las irregularidades administrativas y financieras, particularmente en las secretarías de Educación (Seduzac), Administración, Economía (SE), Infraestructura (Sinfra) y del Campo (Secampo), cuyos titulares debían resarcir al erario los montos señalados.

En 2014 la Seduzac estaba a cargo de Marco Vinicio Flores Chávez, ex dirigente de la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y actualmente es delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en Zacatecas. El órgano fiscalizador le inició un procedimiento para fincarle responsabilidades resarcitorias por 66 millones 981 mil pesos.

En un solo rubro, Flores Chávez fue señalado como responsable de hacer erogaciones con cargo al presupuesto de egresos correspondientes a pago de sueldos a personal comisionado en las diferentes entidades de la administración pública municipal, estatal, paraestatal, federal, partidos políticos, organismos autónomos y organizaciones sociales provenientes de comisiones no permitidas y autorizadas, por 18 millones 117 mil pesos.

Además dispuso de 27 millones 997 mil pesos de pesos de la Seduzac para pagar sueldos a empleados con categorías y puestos de maestros, docentes, educadores, subdirectores y directores de escuelas que realizan funciones administrativas y no educativas frente a grupos. La propia Seduzac pagó a los maestros suplentes de quienes no realizaban funciones docentes.

En cuanto a la SE, la ASE fincó responsabilidades resarcitorias por 33 millones 359 mil pesos a su titular, Patricia Salinas Alatorre, quien, en contubernio con Christopher Ávila Mier, subsecretario de Minas y Parques Industriales, gastó 11 millones 264 mil pesos en la compra de terrenos para el Fideicomiso Zacatecas a un valor superior al comercial, sin contar con documento legal que ampare la compra del bien a los fraccionadores en el que se estipule el precio pagado.

Ambos deberían resarcir 5 millones 983 mil pesos al erario, que usaron en la compra de un bien inmueble ubicado en la ex hacienda El Maguey, actualmente conocido como Parque Industrial Aeropuerto Sumar Uno, a un valor superior al precio comercial, lo cual ocasionó un daño al patrimonio estatal.

Mario Rodríguez Márquez, titular en 2014 de la Sinfra (cargo que dejó en 2015 para convertirse en coordinador general de asesores del gobernador), quien causó un daño por 15 millones 650 mil pesos al patrimonio estatal por haber vendido una nave industrial ubicada al oriente de la carretera Jalpa-Calvillo y al norte de la cabecera municipal de Jalpa, Zacatecas, a un precio menor al que arrojó el avalúo comercial realizado por la ASE y sin contar con la autorización de la Legislatura del estado.

La ASE también documentó graves irregularidades en la Secretaría del Campo, que en 2014 encabezaba el priísta Enrique Flores Mendoza (actual alcalde electo en el municipio de Guadalupe), a quien el órgano fiscalizador le fincó responsabilidades resarcitorias por 13 millones 183 mil pesos, entre otras inconsistencias, por “no presentar la documentación comprobatoria del cierre de la autorización presupuestal para la obra ‘Conclusión de cortina de pequeña presa de mampostería Las Lajas, Jerez, ya que dicha obra se encuentra inconclusa, en abandono”.