a descomposición del gobierno en fuga de Javier Duarte de Ochoa –que despacha lejos de la capital, con las oficinas del aeropuerto xalapeño habilitadas como sede del Ejecutivo– se siente en el abandono de los deberes y compromisos de las instituciones, lo que se traduce en incertidumbre y preocupación ciudadana.

La desidia y el desinterés del funcionario, acaso porque ya no hay qué depredar ni es posible hacer negocios con el presupuesto, profundizan aún más la crisis institucional y de seguridad pública.

A ello se suman los fuertes intereses cruzados de grupos políticos locales y, más recientemente, la irrupción de un comando que aterrorizó varias comunidades en el municipio de Alto Lucero.

La incursión dejó ocho asesinados, todos simpatizantes del movimiento ecologista que se opone a la explotación de la mina Caballo Blanco por la trasnacional canadiense Timmins GoldCorp, según denuncia del grupo Lavida.

Desde entonces el temor permea en las conciencias de los alteños y abona el terreno para la extinción de cualquier idea opuesta al apetito por los alrededor de 300 millones de dólares de oro y otros metales enterrados en esa demarcación, próxima a la nucleoeléctrica de Laguna Verde.

El vacío institucional se percibe con mayor claridad en la inseguridad y el desasosiego provocados en redes sociales por la propagación de rumores, claramente dirigida a demoler la escasísima confianza de la población en la capacidad del gobierno para mantener la gobernabilidad.

En los 10 días recientes, sendas campañas desestabilizaron las actividades escolares en poblados cercanos a los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos. La semana anterior, mensajes anónimos que circularon en redes sociales y por WhatsApp provocaron pánico en municipios próximos a Veracruz, donde cientos de padres de familia acudieron a planteles para sacar a sus hijos ante la supuesta amenaza de un comando de cierto grupo delincuencial.