Ambulantes exigieron contar con derechos en la constitución capitalina para cumplir con obligaciones fiscales, con la finalidad de que deje de criminalizarse su actividad, cuando el Estado y la sociedad no han cumplido con su responsabilidad de generar empleos.

En una reunión con Jesús Ortega Martínez y Lol Kin Castañeda, diputados constituyentes del sol azteca, señalaron que 1.2 millones de personas están en la informalidad y enfrentan diariamente actos de cero tolerancia, corrupción, persecución y extorsión.

Se requiere, dijeron Grissel Rubio y Max Simón, transitar hacia la economía formal mediante el respeto de lugares y la aprobación de un presupuesto para la construcción de plazas y corredores comerciales, se nos grave con algún impuesto y brinde seguridad social, vivienda, salud y créditos”.

Ortega Martínez se comprometió a buscar la equidad jurídica entre trabajadores, pero sin hacer de la constitución un catálogo de derechos, que en 90 por ciento de los casos no se cumplen, pues la incapacidad del Estado ha provocado que la sociedad encuentre en la informalidad un trabajo.

Su peso en el producto interno bruto es enorme, pues no se trata sólo de la gente que vende en la calle, y por eso tenemos problemas recaudatorios, pues a pesar de que México es la catorceava economía del mundo, en recaudación está a nivel de países como Nicaragua, argumentó.

Hoy, en la economía informal se encuentra 61 por ciento de la población, por lo que debe hacerse valer el derecho a la igualdad jurídica, tanto de un comerciante afuera del Metro, que de Carlos Slim, y garantizar el acceso de esta población a seguridad social, educación y a una pensión, afirmó.

En tanto, vendedores ambulantes de la organización del Comercio Popular, encabezados por Graciela Coronel Barrios, trataron de instalarse en las aceras de Insurgentes y Baja California, en la colonia Roma, por lo que granaderos y personal de la delegación Cuauhtémoc resguardan la zona de manera permanente.

Sin embargo, algunos vendedores ofertaron sus productos en calles aledañas, con el argumento de que hace seis meses los retiraron de manera ilegal, cuando pagaban por el uso de la vía pública.