Monterrey, NL.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha incurrido en un conflicto de intereses al comprar un terreno de más de 100 mil metros junto con Roberto Russildi, ex vicepresidente ejecutivo de Casas Javer y a quien después nombró secretario de Desarrollo Sustentable.

Días antes de terminar su mandato como alcalde (priísta) de García, Nuevo León, el 31 de octubre de 2012, El Bronco compró un terreno por un millón 100 mil pesos, con una superficie de 152 mil 498.38 metros cuadrados en Las Garzas y Capellanía, en ese municipio, con el copropietario Roberto Russildi, en ese momento director general de Casas Javer.

Lo anterior consta en la escritura pública 40853, número 1151, volumen 109, libro 47, firmada el día 16 de octubre de 2012, de la cual La Jornada tiene copia certificada

Tres años después, al llegar a la gubernatura, El Bronco nombró a Russildi secretario de Desarrollo Sustentable, a pesar de la incompatibilidad por ser su copropietario en un terreno de desarrollo habitacional e interés social y porque viola la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos en el artículo 50.

Russildi sigue siendo accionista de la constructora regiomontana de viviendas Javer, empresa desarrolladora inmobiliaria, seriamente cuestionada y con demandas y quejas por entregar minicasitas con Infonavit en fraccionamientos sin los servicios ni vialidades terminadas, con grietas y con vaciado de concreto en lugar de bloques, sistema que propicia graves problemas.

Casas Javer es una de las más importantes desarrolladoras de vivienda de ingreso bajo y medio del país, propiedad del empresario Eugenio Garza y Garza, quien ha ido incrementando sus ingresos. Tan sólo en el último trimestre del año pasado obtuvo ingresos de mil 872.5 millones de pesos, comparados con los mil 590.5 millones de 2014, y una utilidad neta de 221 mil 982 millones de pesos, según datos de la propia empresa que este año hizo su debut en la Bolsa Mexicana de Valores y espera vender más de 21 mil casas con ingresos de entre 7 mil y 8 mil millones de pesos. En Nuevo León tiene actualmente en venta 12 desarrollos habitacionales y otros más en curso.

Hace unos días el gobernador Jaime Rodríguez dijo que no va solapar corruptos en su gobierno y presentó el código de ética por el que deberán guiarse los servidores públicos de su administración. Aquí en Nuevo León queremos poner el ejemplo, no para que nos aplaudan, no para salir en la nota periodística, sino para ser ejemplo y que el país se copie de lo que en el estado hacemos, expresó.

Exigen destitución

El desarrollador Roberto Russildi, ahora funcionario público, ha minimizado las críticas en su contra, señalando: Tener acciones o no de las empresas no afecta en el desempeño de una persona. Agrega que el hecho de que sea socio de Javer no es relevante.

Sin embargo, Ernesto Cerda Serna, rector del Instituto Ciudadano de Estudios Estratégicos (Incide), exigió, junto con otros líderes de organizaciones no gubernamentales, la destitución de Russildi: Están violando la ley; el gobernador no puede contratar a nadie con el que tenga relación o con quien sea o haya sido socio en algunos negocios. Eso descalifica el nombramiento y por eso lo hemos impugnado, señala en entrevista con La Jornada.

Los líderes sociales acudieron al Congreso de Nuevo León a denunciar las irregualridades en las que ha incurrido el mandatario local: El nombramiento de Roberto Russildi Montellano, persona con la cual el gobernador tiene negocios comunes, es sin lugar a dudas un conflicto de intereses, es una muestra más de la colusión de intereses públicos y privados en perjuicio del interés general, y se plantean así serias dudas éticas acerca de la posible utilización de información privilegiada y del uso de lo público en beneficio de lo particular y de lo privado, señala el documento entregado a los diputados.

Russildi lleva 11 meses trabajando en el gobierno en un puesto cuya reponsabilidad es diseñar programas y acciones que promuevan el desarrollo urbano y el medio ambiente sustentable. Es un desarrollador urbano, es como poner al coyote a cuidar a las gallinas. Era el director del grupo Javer y sigue siendo accionista de esa empresa. ¿Cómo le entrega a un desarrollador, especulador de la tierra, las reservas ecológicas de Nuevo León, que de por sí no llegan ni a 2 por ciento del total de la superficie, indica el ecologista Guillermo Martínez Berlanga, director del Comité Ecológico Pro Bienestar, que lleva más años luchando contra los desarrolladores depredadores.

El especialista en temas ambientales explica que Russildi y Rodríguez Calderón son copropietarios desde que el actual gobernador era alcalde de García, Nuevo León, un polo de desarrollo urbano muy grande que ya está prácticamente conurbado con Monterrey, con un valor especulativo tremendo, donde ahora cada metro cuadrado vale oro, porque es para construir casas, la mayoría de interés social.

Explica que intentaron que el nombramiento de Russildi no fuera ratificado por el Congreso, pero a pesar de su denuncia los diputados se pasaron por el arco del triunfo su petición.

A consecuencia de esto, el gobierno quiere vender 198 propiedades, algunas destinadas para áreas verdes. Y lo peor: el Parque Fundidora, el único pulmón verde de Monterrey, fue entregado por Russildi y el gobernador a los empresarios para permitirles realizar actos masivos, con lo cual violan el decreto 372 del parque y el reglamento interno, que prohíbe la venta de alcohol.

Añade: Russildi ya entregó las 22 reservas ecológicas del estado; ya están invadidas y sin presupuesto. Y el Parque Nacional Cumbres ya está al mejor postor e incluso en El Huajuco, que es el filtro del aire de Monterrey, y en el Chipinque todos los días hay fraccionamientos nuevos que se construyen con influencias y entre amigos con los alcaldes. Todos tienen intereses.

Un depredador natural

El pasado 23 de agosto activistas y ecologistas, ganaron un amparo para evitar que el gobierno siga realizando actos en el interior del Parque Fundidora, pero el espacio público sigue siendo una preocupación por la presencia de Russildi en el puesto equivocado, según dicen.

En ese puesto debe haber alguien preparado. Russildi tiene nomás su vocación de desarrollador y de especulador urbano. Es un depredador natural. En este momento nos gobierna una cofradía de desarrolladores encabezada por el gobernador y Russildi, con pillos y especuladores urbanos que se quieren quedar con el parque porque vale 400 millones de dólares, dice Martínez Berlanga.

El presidente del Parque Fundidora es Artemio Garza, un desarrollador, considerado el depredador de El Huajuco, mientras el director de ese espacio público es Fernando Villarreal Palomo, ex director de Caintra. “Más claro ni el agua. La mentira más grande que dijo El Bronco es que era independiente. Está sometido totalmente a los empresarios, ellos lo pusieron y ahora está pagando favores a los desarrolladores; ellos son los beneficiarios. ¿Dónde está la independencia?”

Uno de los graves problemas ambientales en Monterrey es provocado por las empresas dedicadas a explotar terrenos de cantera, cuyo beneficiario principal es la empresa Cemex, algo que ha empeorado desde que llegó El Bronco.

Russildi no puede tocar a las pedreras, porque es socio de Cemex, empresa proveedora de Casas Javer. Hemos pedido cerrar esos terrenos donde se explota la piedra y convertirlos en parques.

Criticó la nula política pública del gobernador para mejorar el medio ambiente: En un año el mandatario neoleonés ha sembrado 70 árboles, cuando se necesitan un millón en la zona metropolitana y 4 millones en el estado; no han hecho una campaña de reforestación ni de rescate de espacios públicos. No saben qué hacer con el agua, porque las presas que tenemos, El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, están contaminadas con metales pesados y heces fecales, y son vasos primarios de almacenamiento de agua potable.

Consideró que el puesto de Russildi es un tema de conflicto de intereses, pero también de desarrollo sustentable: “Ante la evidencia de la escritura, exigimos que se aplique la ley.

Russildi no puede estar en ningún puesto relacionado con el servicio público, porque es socio del gobernador.