México entregará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una contribución voluntaria extraordinaria de 50 mil dólares en atención al llamado que hizo para resolver sus problemas financieros, anunció ayer la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Claudia Ruiz Massieu.

Al participar en la inauguración del seminario Derecho nacional e internacional, desafíos compartidos, la funcionaria dijo también que el gobierno mexicano nunca ha eludido su responsabilidad en materia de derechos humanos y muestra de ello es que ha impulsado una amplia red de mecanismos e instrumentos de protección.

En el auditorio del Centro Médico Nacional Siglo XXI, destacó que las garantías fundamentales son una causa universal, conquista de la civilización, patrimonio de la humanidad y un logro irreversible del pueblo de México. Por ello, nadie puede apropiarse del tema como bandera política o personal.

Ante integrantes de la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que participaron como ponentes en el seminario, la canciller dijo que el país es y seguirá siendo uno de los aliados más activos y comprometidos del sistema interamericano de derechos humanos. Por ello, hace unos meses, informó, realizó una contribución voluntaria extraordinaria a la corte y hará otra a la comisión.

Antes de viajar a Washington, para entrevistarse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y formalizar la ayuda que busca aliviar la difícil situación financiera de la comisión, Ruiz Massieu insistió en que México es el séptimo país más abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos y el tercero en América Latina y el Caribe.

Esta apertura ha contribuido a que hoy haya un diagnóstico claro y objetivo, tanto de los avances como de los retos, pues como cualquier otra sociedad, la mexicana aún tiene desafíos al respecto, indicó.

Ante cientos de personas, el juez presidente de la corte interamericana, Roberto Caldas, alentó a las autoridades mexicanas a que la instrumentación del nuevo sistema penal acusatorio se haga observando los derechos humanos y se evite caer en vicios que desafortunadamente pueden acompañar la impartición de justicia.

El presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, reconoció que es indispensable superar las desigualdades sociales, la marginación y los altos márgenes de impunidad.