Alrededor de un centenar de personas detenidas, procesadas, sentenciadas y con orden de aprehensión pendiente, por delitos que les fueron imputados en el contexto de manifestaciones en la ciudad entre el primero de diciembre de 2012 y el primero de diciembre de 2015, serán beneficiadas por la ley de amnistía que tiene lista para su aprobación la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa (ALDF).

En sesión ordinaria del órgano dictaminador se dio lectura ayer al proyecto de dictamen a la iniciativa que presentó el grupo parlamentario de Morena y se decretó un receso a fin de realizar precisiones y ajustes al texto para someterlo a votación la semana que viene.

La ley decreta la amnistía amplia, absoluta e incondicional para todas las personas contra quienes se ejerció o pudiera ejercerse acción penal por los delitos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad, rebelión, motín, sabotaje, sedición, robo y otros que se imputaron en consecuencia del ejercicio del derecho a la manifestación y la protesta social, en el periodo de referencia.

La diputada perredista Beatriz Olivares Pinal explicó que la amnistía se aplicará a las personas cuyos expedientes forman parte de las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) y que a decir del secretario técnico de la comisión legislativa, Ignacio Pinacho Ramírez, suman aproximadamente un centenar.

El presidente de la comisión, Luciano Jimeno Huanosta, del Partido Humanista, comentó que una vez aprobado en el pleno, el próximo periodo ordinario de sesiones, que se inicia el 17 de septiembre, sería significativo que la publicación del decreto permitiera su entrada en vigor el 2 de octubre.

Los diputados Mariana Robles Moguel, priísta, y Jorge Romero Herrera, panista, anticiparon su postura en favor del proyecto de dictamen y coincidieron en sus observaciones con Olivares y la diputada de Morena Citlalli Hernández Mora para dar mayor precisión a la redacción del documento.

La amnistía, además de extinguir la acción penal, persecutoria, y las sanciones impuestas, ordena la cancelación de los registros que constituyan antecedente penal y deja a salvo los derechos de las personas que se beneficien de ella, a las que se reconoce como víctimas, a efecto de que interpongan las acciones legales o administrativas tendientes a investigar si fueron víctimas de algún delito y vulnerados sus derechos humanos durante o con posterioridad a su detención, a fin de deslindar la responsabilidad de las autoridades involucradas.