La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo más en contra de la reforma educativa. En esta ocasión un grupo de profesores de Veracruz argumentó que son servidores públicos de un estado libre y soberano, por lo que no les es aplicable una norma federal.

También demandaron, sin éxito, que declara que dicha reforma es inconstitucional por discriminatoria, debido a que reciben un trato distinto (como la promoción y permanencia en el empleo) al de los maestros del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

En la sesión de ayer, los ministros de la sala apoyaron el proyecto elaborado por Fernando Franco González Salas en el que valida diversos artículos de las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.

En su argumentación, los docentes cuestionaron infructuosamente que la norma federal señale que quienes no pasen las evaluaciones correspondientes (los que tienen base) podrán ser readscritos para continuar en otras tareas de la función pública o del servicio público. Afirmaban que, en todo caso, se les tendría que aplicar la ley de servidores públicos de la entidad para dirimir los conflictos laborales, por lo que quedaron en estado de indefensión.

Los ministros rechazaron también el argumento de que la Ley General del Servicio Profesional Docente viola el artículo 5 constitucional, al no permitirles ejercer la carrera para la cual fueron contratados, además de que las normas afectaron un derecho adquirido y no pueden ser obligados a prestar trabajos sin su consentimiento.