os postreros días de la administración duartista transcurren entre acusaciones de corrupción, con la aparente intención del gobierno federal de llamar a cuentas al gobernador y a su primer círculo de funcionarios-operadores del saqueo, pero también, de manera notoria, en una especie de esquizofrénica relación con la cúpula católica.

Sabedores de su influencia social y de la profesión de fe de la mayoría de los políticos locales, la jerarquía religiosa veracruzana y Duarte de Ochoa han metido a la sociedad en un perverso y manipulador juego de supuestas desaveniencias, pues mientras algunos prelados de la zona centro responsabilizan al gobierno de la violencia y la corrupción, por otro el aún mandatario es apapachado públicamente por el arzobispo xalapeño, Hipólito Reyes Larios, cabeza visible del ala más conservadora del catolicismo local.

Así fue como los compromisos del gobernador con la Iglesia católica lo llevaron el martes a firmar el decreto de la llamada ley sí a la vida, conocida también como ley antiaborto, en una liturgia encabezada por Duarte y el arzobispo de Xalapa en la escuela católica Rougier del puerto de Veracruz.

Con todo y su sentido de la oportunidad para aprovechar políticamente cualquier situación, el ex gobernador Fidel Herrera, a pesar de las presiones de los clérigos, no se atrevió a dar ese paso que, sin duda, vendrá a polarizar aún más las cosas, pero permite a quien se ha declarado admirador del dictador español Francisco Franco obtener, al menos de un sector de la sociedad, las indulgencias que tanto parece necesitar.

Con este acto Duarte fue más allá y prácticamente se deslindó de su otra fe, la política, pues contradice la impugnación que interpuso el Partido Revolucionario Institucional ante tribunales electorales por el apoyo de la Iglesia católica de Veracruz a la campaña del panista Miguel Ángel Yunes Linares, y por presionar al candidato del tricolor, Héctor Yunes Landa, para manifestarse en contra del aborto. Así, cuando menos en el cielo, Duarte habrá sido perdonado.