uego de que apareció el dato del PIB para el segundo trimestre de 2016, que muestra una contracción de 0.2 por ciento, Hacienda por segunda vez en el año redujo su estimación para el crecimiento del PIB este año a 2.3 por ciento. A finales de 2015 la propia Hacienda comprometió un crecimiento del producto para este 2016 de 3.1 por ciento. Al explicar esta reducción de 0.7 puntos porcentuales los funcionarios hacendarios señalaron que el entorno externo ha sido adverso con alta volatilidad, lo que se sabía desde que se hizo la planeación presupuestaria para 2016.
Con esta reducción los funcionarios aceptan que las condiciones económicas externas determinan completamente el funcionamiento de nuestra economía. Por eso no se ocupan de plantear medidas de política económica que se propongan revertir esas condiciones adversas. Para ellos, crecemos si hay un entorno externo adecuado y si no lo hay nos quedamos inmóviles. En casi cuatro años al frente de la conducción de la política pública en materia económica lo único que han hecho es reducir sus metas, es decir, incumplir los compromisos de crecimiento que habían establecido con el Legislativo y, a través de ellos, con el país entero.
Frente las indudables dificultades que nos plantea la economía global, los responsables hacendarios sólo tienen una respuesta: reducir el gasto público. Lo han reducido para este año y ya acordaron hacerlo también en 2017, como si esa fuera la única respuesta posible. Es evidente que ante una situación global que el FMI ha caracterizado como demanda apagada
, es completamente incorrecto reducir el gasto gubernamental, pues esta reducción implica que la inversión pública caiga sensiblemente y que lo mismo ocurra con el consumo público.
Ni en términos ortodoxos su planteo de austeridad se sostiene. Como señala la Cepal en el Estudio económico de 2016, la capacidad de los gobiernos para acelerar el crecimiento en la región depende de que existan espacios para aplicar políticas que apoyen la inversión, lo que permitiría amortiguar los efectos de los choques externos. Este espacio fiscal depende de que la inflación se ubique dentro de los parámetros adecuados, que haya una situación fiscal sana, con niveles de deuda pública manejables. Estas condiciones se cumplen perfectamente en la economía mexicana.
Existe espacio suficiente para actuar. Una política económica formulada para crecer en la medida que demandan las condiciones económicas, políticas y sociales de México, requiere un pacto con grupos relevantes de la sociedad. Por supuesto con los empresarios. Pero con un propósito socialmente definido: que los frutos del crecimiento se repartan en primer lugar a los grupos de la población con mayores carencias. La propuesta planteada hace tiempo por Stiglitz en el sentido de comprometerse a cumplir con la regla Palmer, que señala que el cociente entre el ingreso del decil más rico del país y el ingreso del 40 por ciento más pobre debe proponerse llegar a uno, es decir, igualar lo que recibe el 40 por ciento de la población de menores ingresos con lo que recibe de ingreso el 10 por ciento más rico de la población. La propuesta está incluida en los Objetivos para el Desarrollo Sustentable firmados por los jefes de Gobierno en la ONU en 2015, incluido México.
Lo crucial para el país en esta coyuntura es poner en el centro las necesidades de la población, no los llamados equilibrios fundamentales. Importa actuar para lograr crecer y mejorar las condiciones de vida de los grupos mayoritarios de la población. Conseguir un crecimiento incluyente es posible. Muchos países han demostrado que es posible y que puede sostenerse en el largo plazo. Se requiere un gran acuerdo nacional que debe ser propuesto por el gobierno federal. Ello no va a ocurrir. La prioridad de este gobierno no es la gente. Siguen pensando que es más importante que haya equilibrio fiscal y que la inflación esté en 3 por ciento, sin importar que la mitad de nuestra población esté en condiciones de pobreza.
