Brasilia.

Un día antes de que comience el juicio contra la suspendida presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el Congreso aprobó una ley que establece nuevos objetivos presupuestarios y un ambicioso déficit fiscal para 2017, en una victoria para el gobierno interino de Michel Temer, quien busca equilibrar gradualmente las cuentas públicas.

La meta de déficit fiscal primario del gobierno de 139 mil millones de reales (43 mil 070 millones de dólares) es menor al objetivo de una brecha de 170 mil 400 millones de reales fijado para 2016, pero aún está a una gran distancia de los amplios superávits de Brasil de la década pasada.

La iniciativa legal es un anteproyecto de la ley de presupuesto nacional que será ingresada a finales de agosto, y que restringe el aumento de los gastos públicos a la tasa de inflación de 2016. Además adopta un límite que el gobierno ha propuesto para el Congreso a fin de reducir la enorme carga de deuda del país y demostrar su compromiso con la austeridad. Temer ha prometido reducir la brecha fiscal, que podría alcanzar nuevamente 10 por ciento del PIB este año.

Eliseu Padilha, ministro de la Casa Civil de Brasil, aclaró más tarde que el gobierno no pretende aumentar los impuestos en 2017 porque se han revisado al alza las previsiones de crecimiento económico, de 1.2 a un 1.6 por ciento.

Padilha consideró urgente llevar a cabo reformas en la economía, pues la deuda pública ya roza 70 por ciento y podría llegar a 80 o 90 por ciento.

La nueva ley fue aprobada en la víspera del inicio, este jueves, del impeachment contra Rousseff en el Senado, que se extenderá hasta el 30 o 31 de agosto. El cronograma de la etapa final del proceso fue anunciado la semana pasada por el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, quien comandará el juicio.

Rousseff, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), fue apartada de la presidencia por 180 días el pasado 12 de mayo, y en su lugar asumió Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien era vicepresidente, y a quien la suspendida gobernante acusa de impulsar un golpe de Estado parlamentario.

Para la destitución de Rousseff, que fue relecta en 2014 con más de 54 millones de sufragios, serán necesarios los votos de 54 de los 81 senadores. Si es removida, estará además impedida de ejercer la función pública por ocho años y Temer completará el mandato presidencial hasta 2018.

La presidenta es acusada de pedaleo fiscal (atrasos en pagos a bancos públicos) y de haber publicado decretos de crédito suplementario sin autorización del Congreso, acciones que habrían violado la Ley de Responsabilidad Fiscal.

La primera parte del proceso estará dedicada al testimonio de los testigos de los querellantes y de Rousseff, y el día 29 la mandataria rendirá testimonio, tras lo cual podrá ser interrogada. La votación definitiva podría realizarse el mismo día.