Monterrey, NL.

El pleno del Congreso local rechazó las cuentas del ex gobernador priísta Rodrigo Medina de la Cruz y de la ex alcaldesa panista de esta ciudad, Margarita Arellanes Cervantes; diputados de ambos partidos advirtieron que no serán tapaderas de nadie, así sean ex funcionarios de sus respectivos institutos políticos.

En las cuentas estatales de 2014 se detectó un monto no solventado de 4 mil 484 millones de pesos.

En cuanto a la ex alcaldesa Arellanes Cervantes, en la cuenta de 2013 se encontraron anomalías por 163 millones de pesos: 40 millones desviados de cobros a mercados sobre ruedas, 17 millones en pagos a empresas privadas y 6 millones de pesos a empresas fantasmas.

La administración de Margarita fue deficiente; hubo un incremento descarado de nómina y pagos en exceso en obra pública, dijo la diputada priísta Ludivina Rodríguez.

Auditor maquilló observaciones

De acuerdo con los dictámenes de las comisiones primera y segunda de hacienda, se pidió emprender acciones legales contra el auditor general del estado, Gilberto Mireles, por maquillar las observaciones detectadas por la Legislatura.

Los diputados neoleoneses también rechazaron la cuenta del gobierno estatal de 2008, cuando el mendatario era el también priísta Natividad González Parás, predecesor de Medina de la Cruz.

Además, reprobaron las cuentas de seis organismos descentralizados, entre ellos los de Agua y Drenaje, Parques y Vida Silvestre, el Instituto de Control Vehicular, el Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, Fomerrey (organismo promotor de vivienda popular) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, correspondientes al mismo periodo de González Parás.

Los priístas y panistas que no apoyaron el rechazo a las cuentas se excusaron porque participaron en las administraciones de alguno de los señalados.

Los legisladores explicaron que enviarán a la Auditoría Superior del Estado las cuentas rechazadas para que determine si existió dolo y, en caso afirmativo, turne los expedientes a la subprocuraduría estatal anticorrupción para que ésta finque responsabilidades administrativas e incluso penales.

Medina de la Cruz enfrenta un proceso por ejercicio indebido de funciones, por haber otorgado apoyos ilegales por 3 mil 600 millones de pesos a la empresa automotriz coreana KIA para que se estableciera en la entidad.

A Arellanes Cervantes se le vinculó a proceso por pagos indebidos a un despacho jurídico por 7.5 millones de pesos, a fin de que la defendiera a ella y a otros nueve colaboradores de cualquier acusación surgida después de concluir su trienio al frente del ayuntamiento capitalino.