La Asamblea Legislativa (ALDF) exhortó al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a garantizar el desarrollo libre de las manifestaciones y protestas sociales, privilegiando el diálogo y la concertación, ante la creciente tendencia de distintos sectores por restringir ese derecho, particularmente las movilizaciones del magisterio propiciadas por el gobierno federal a partir de la instrumentación de su reforma educativa.

Al exponer el punto ayer en la sesión de la Diputación Permanente, el legislador de Morena Raymundo Martínez Vite reconoció al gobierno de la ciudad, pues si bien ha dado un tratamiento diferenciado respecto de los espacios en los que pueden realizarse o no las manifestaciones, han sido atendidas sin violaciones a los derechos humanos, contra lo sucedido en los primeros años de esta administración.

Alertó, sin embargo, que la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de la movilidad dio pie a diversas interpretaciones respecto del tratamiento que se debe dar a las manifestaciones públicas.

Por ello, consideró necesario llamar al gobierno capitalino a hacer “una interpretación garantista de la resolución emitida por el máximo órgano judicial, y que se apliquen los instrumentos internacionales en beneficio de todas las personas, ante el reconocimiento de que una sociedad democrática es aquella en la que todas las voces son escuchadas y todas las personas gozan del respeto pleno a sus derechos”.

Resaltó que ese tratamiento es el que debe prevalecer contra la falsa premisa de un ejercicio de libre tránsito obstaculizado por el derecho a la protesta, y que, aclaró, no se refiere a la libertad de la circular en automóvil, sino de transitar libremente por el territorio del país sin que para ello se requiera salvoconducto ni documentación alguna.

Sobre todo ahora, agregó, en que esta ciudad vuelve a ser caja de resonancia de las protestas, que trajo la implementación de la reforma educativa, y que mantiene a cientos de maestros en un plantón, que no obstruye vías principales ni representa un riesgo para la seguridad nacional o quienes habitan en esa zona.