Habitantes del Centro Histórico y organizaciones sociales que formaron la Asamblea Popular de Desalojados amagaron con lanzar cohetones a partir de hoy frente a la sede del gobierno capitalino y otros 50 puntos de la ciudad para exigir un alto a los desalojos y el establecimiento de un programa emergente de vivienda.

En conferencia de prensa, dijeron que harán una acción similar el 15 de septiembre, durante la instalación de la Asamblea Constituyente, en la vieja casona de Xicoténcatl, y dos días después en la Asamblea Legislativa, durante el cuarto informe del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, así como durante la ceremonia conmemorativa del terremoto de 1985 en el Zócalo.

Francisco Alvarado, uno de los representantes de los afectados, detalló que a la fecha van 143 familias desalojadas de 39 inmuebles ubicados en distintas calles del Centro Histórico, cuyos integrantes viven ahora en la calle en un campamento instalado en República de Argentina o de arrimados con familiares o amistades.

A nombre de los desalojados, aseguró que las protestas serán pacíficas y no pondrán en riesgo la integridad de las personas. En las movilizaciones, agregó, se exigirá a las autoridades capitalinas atender las demandas de las familias que han sido lanzadas de las viviendas que las vieron nacer.

El suelo urbano debe ser utilizado para el bien común, y no someterlo a la burbuja de especulación inmobiliaria, que ha provocado que el metro cuadrado de suelo en el Centro Histórico se cotice entre 40 mil y 50 mil pesos, lo que lo hace inalcanzable para los más necesitados, refirió.

Consideró que las autoridades capitalinas se han alineado a los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, que han realizado 39 desalojos en el lapso de un mes y medio, de los cuales nueve se han realizado con violencia.

De estos últimos, agregó, en siete predios los supuestos dueños no han acreditado la propiedad, como ocurrió en República de Argentina 96. La dueña era una nieta del general Álvaro Obregón que donó el edificio a los inquilinos, que se ampararon y cuentan con la suspensión definitiva, por lo que van por la recuperación del inmueble, apuntó.

A esta situación, indicó, se suma la construcción irregular de 35 plazas comerciales, que han destruido monumentos históricos, sin contar con ningún permiso, en los pasados seis meses. Los vecinos han denunciado esta situación ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, que ya resolvió en 23 casos que deben demolerse, señaló.