Los permisos otorgados por autoridades de Zapopan, Jalisco, a la desarrolladora Quest Media, contratada por el grupo Motfour (dueña de los terrenos ubicados en ese municipio donde operaba la Kodak hasta 2012 y que están plagados de tóxicos), violan leyes ambientales y de protección a la salud y pueden configurar delitos ambientales, aseguraron este martes, en entrevista con La Jornada, los presidentes de las asociaciones civiles Parlamento de Colonias y Conciencia Cívica, Alejandro Cárdenas Ochoa y Salvador Cosío Gaona, respectivamente.

Ambos activistas representan legalmente a decenas de colonos y a otros tantos integrantes de asociaciones defensoras de derechos sociales, ambientales y colectivos que están inconformes con la construcción de una miniciudad en un terreno de 450 mil metros cuadrados altamente contaminado con cromo, mercurio, plata, plomo y cadmio.

Cárdenas y Cosío aseguraron, en entrevistas por separado, que la constructora Quest Media, que dirige el empresario Jorge Gómez Vivanco, no cuenta con una manifestación de impacto ambiental (MIA), la cual debe expedir el alcalde Jesús Pablo Lemus Navarro.

Se trata de un documento indispensable para poder desarrollar el proyecto que incluirá áreas industrial, comercial, hotelera y fundamentalmente de vivienda para los segmentos de clase media alta y alta.

En tanto no haya pruebas que demuestren que el terreno ocupado por Kodak hasta 2012 está libre de cualquier riesgo sanitario, hasta que estemos seguros que no tendremos un problema ambiental o de salud pública, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Poder Judicial Federal deben emitir medidas cautelares, providencias precautorias y suspensiones de amparo que prevengan una futura tragedia, refirió Cosío Gaona.

Alejandro Cárdenas refirió que este miércoles presentarán los recursos legales correspondientes en la Profepa y en la Cofepris.

Nosotros, como asociación civil, estamos exigiendo a la autoridad que haga su trabajo, que realice estudios en el terreno y nos deje en claro si los ciudadanos corren o no riesgo en su salud, dijo.

De su lado, Cosío Gaona indicó que también presentarán una demanda de amparo para obtener una suspensión que ordene detener los permisos otorgados por el municipio de Zapopan.

Este miércoles estaremos exigiendo a la Profepa y a la Cofepris que nos den protección, que emitan medidas cautelares para evitar algún posible problema grave de salud, ante alguna epidemia, que no permitan daños al medio ambiente, dijo Cosío Gaona.

Precisó que “las acciones jurídicas que emprenderemos a partir de este miércoles son las siguientes: denuncia de hechos ante la Profepa por la probable comisión de delitos ambientales; pediremos juicio de nulidad de los permisos que ha otorgado el ayuntamiento de Zapopan; solicitud de medidas cautelares a la Cofepris para que se detenga cualquier trabajo de remoción de tierras en el terreno contaminado y, finalmente, solicitaremos una suspensión a un juez federal en materia de amparo para que suspenda los permisos de lotificación expedidos por el ayuntamiento de Zapopan.

Además, es bien sabido que para todo tipo de obras tiene que haber primero una manifestación de impacto ambiental que no existe en este caso, no la hemos visto, no la ha hecho pública el ayuntamiento de Zapopan. De hecho, el municipio está dando a la constructora un permiso de urbanización, sin pedirles tener una MIA, lo cual, de entrada, es una irregularidad administrativa, indicó.