El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró que el gobierno federal pagó 4.5 millones de pesos para cubrir los servicios médicos de 120 personas, así como gastos funerarios, de alimentación y transporte de las víctimas de los hechos de Nochixtlán, Oaxaca; sin embargo, dijo, faltan de liquidar algunos cheques.

Hace ocho días, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en reunión con la junta de gobierno, aprobó los criterios. Se trabajó con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y con un enorme apoyo bancario se pudieron entregar los cheques. Algunas personas que estaban en la capital lo recogieron aquí, las que no estuvieron en posibilidad de ir se los entregaremos en los próximos días.

Este fin de semana la CEAV anunció que el pasado 19 de agosto cubrió el rembolso de gastos médicos y funerarios correspondientes a 81 familias que fueron declaradas víctimas de los hechos violentos hace dos meses en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, pero no reveló el monto e informó en un comunicado que la entrega de los recursos se hizo en la ciudad de Oaxaca, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Al respecto, el funcionario señaló que las investigaciones por el caso Nochixtlán siguen avanzado a partir de acuerdos importantes, entre ellos resarcir daños a los afectados. De las cinco personas que aún tienen balas en el cuerpo, dijo que sólo a una se la extrajeron del maxilar.

En entrevista luego de participar en la clausura del foro de discusión en torno a la Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición de Personas, en la Universidad Iberoamericana (UIA), explicó que los médicos recomendaron a las cuatro personas restantes que por el momento las balas se queden alojadas en su cuerpo, ya que no representan riesgo a su salud; de lo contrario se complicaría.

Es una decisión que corresponde a cada persona y, si ellos quieren una extracción se hará. Después de distintos estudios y opiniones esto fue lo que les plantearon y son ellos quienes tomarán la decisión, reiteró.

El funcionario federal agregó que el proyectil extraído será analizado no sólo por el Ministerio Público, sino también por representantes de Derechos Humanos o la defensoría de los pueblos de Oaxaca para el avance de las indagaciones en el que se señala que la Policía Federal disparó en contra de la comunidad.