Pachuca, Hgo.

La primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo (TSJH) determinó que el juez primero penal de esta ciudad, Porfirio Cruz, no es competente para procesar y sentenciar al empresario Manuel Samuel Castro Mercado, propietario de la empresa Motor Coach Industries –asentada en lo que fue la planta de la armadora Dina, en Ciudad Sahagún–, acusado del homicidio del obrero Josué Matilde Cotonieto, toda vez que el delito fue cometido en esa localidad del municipio de Tepeapulco, no en Pachuca.

El abogado Juan Carlos Gálvez explicó que aunque la ley señala que en estos casos todas las actuaciones y pruebas obtenidas deben ser invalidadas, la primera sala penal del TSJH ordenó el pasado 12 de agosto al juzgado penal de primera instancia del distrito judicial de Apan dejarlas subsistentes, lo que, según el defensor, equivale a seguir el proceso con pruebas ilegales.

En entrevista, adelantó que el apoderado de International Pacific Development, quien se encuentra en el penal de Pachuca desde hace más de cuatro años, promoverá un amparo ante la justicia federal contra la resolución del TSJH correspondiente a la causa 248/2014 de la toca penal 627/2016, a fin de que rectifique y ordene al juez de Apan anular todas las actuaciones de Porfirio Cruz.

Gálvez explicó que el fallo deja sin efectos las sentencias condenatorias contra César Ismael Cuevas Durán y Ricardo Sayago, quienes eran guardias de Motors Coach Industries y el pasado 16 en enero fueron condenados a 18 y 25 años de cárcel, respectivamente, acusados de ser los asesinos de Cotonieto.

Castro Mercado dijo que se trata de una maniobra legaloide ordenada por el gobernador de Hidalgo, el priísta Francisco Olvera Ruiz, para alargar el proceso, mantenerlo en prisión y ordenar mi asesinato, pues de un momento a otro será trasladado al penal de Apan, el cual es de alta peligrosidad e insalubridad.

Olvera me quiere ver muerto antes de dejar su cargo. Los responsabilizo a él y al procurador Alejandro Straffon de lo que me pueda ocurrir en esa prisión, aseveró.

Las comisiones Estatal y Nacional de los Derechos Humanos emitieron, en 2013 y 2014, respectivamente, sendas recomendaciones al gobierno y la procuraduría hidalguenses, las cuales no se han cumplido.

La segunda aseguró que el proceso judicial está plagado de irregularidades y recientemente en la Cámara de Diputados federal se presentó un punto de acuerdo para citar al gobernador Francisco Olvera Ruiz a fin de que explique por qué ha ignorado a ambas comisiones.

Manuel Samuel Castro Mercado denunció que en su caso hay muchísimas violaciones al debido proceso por parte del procurador Alejandro Straffon, debido a tráfico de influencias.

El homicidio del obrero fue cometido el 28 de enero de 2012 fuera de la planta, durante un enfrentamiento en el que ex trabajadores de Dina, encabezados por el líder sindical Artemio Vázquez, pretendían recuperar las instalaciones.

Castro Mercado ha sostenido que él, personal de la empresa y algunos familiares estaban a más de un kilómetro de donde ocurrió el crimen, en las oficinas del corporativo de la compañía.