La Contraloría Interna del estado de México realizó una auditoría a la concesión del Viaducto Bicentenario, a cargo de OHL México, en la que encontró inconsistencias por 296 millones de pesos, resultado de la falta de documentación que compruebe la realización de obras, irregularidades en la metodología empleada para la actualización de precios de materiales, y por el incremento de la inversión realizada.

Por separado, el gobierno estatal impuso ayer una multa de 38.3 millones de pesos a OHL México, a consecuencia de las irregularidades encontradas por Pricewaterhouse Cooper’s en la auditoría externa que realizó sobre el manejo y operación de este Viaducto Elevado Bicentenario.

Además, ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregar la versión pública de las resoluciones a las que llegó y por las que impuso sanciones administrativas a OHL México, algunas de sus subsidiarias y ejecutivos.

El Inai señaló que las resoluciones no pueden estar reservadas debido a que las disposiciones de la CNBV son públicas, y las entidades involucradas deben hacerlas del conocimiento del mercado, como ordena la Ley del Mercado de Valores.

Inconsistencias por $296 millones

OHL México informó ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el resultado de la auditoría realizada por la Contraloría Interna del estado de México al Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares por la concesión del Viaducto Elevado Bicentenario derivó en tres señalamientos por 296 millones de pesos.

El primero fue porque la Contraloría observó que falta la documentación que compruebe la realización de obras por 37 millones de pesos. OHL México señaló que esa cifra representa apenas 0.5 por ciento de los 11 mil millones de pesos que ha invertido en el Viaducto y aseguró que presentará los comprobantes necesarios.

El segundo señalamiento se refiere a la metodología que la empresa empleó para actualizar los precios de los materiales utilizados en la obra y que sumaron 62 millones de pesos. En este punto OHL México argumentó que el procedimiento usado para actualizar los precios es el autorizado en su título de concesión, el establecido en el Código Administrativo del estado de México, y el que se utiliza en todas las concesiones otorgadas por el gobierno estatal.

La Contraloría señaló como inconsistencia en la operación del Viaducto el incremento de 197 millones de pesos en la inversión reconocida en el sistema de peaje, la cual fue resultado de un ajuste a los precios unitarios que la empresa tenía pendiente y que aseguró resolvió durante el año en curso, pero la auditoría no lo consideró.

OHL México señaló que por tratarse de una auditoría interna ordenada por el gobierno estatal, no fue notificada ni requerida para el procedimiento; pero al conocer los resultados destacó que la investigación no cuestiona la legalidad de la rentabilidad garantizada y se recomienda realizar el requilibrio que reconozca las inversiones realizadas por OHL México, que incluyen el segundo tramo del Viaducto que va de Lomas Verdes al Toreo.

La resolución del Inai para que la CNBV haga públicas las resoluciones y sanciones impuestas como resultado de la investigación realizada a OHL México, se produjo luego de que la comisión negó la información a un particular, con el argumento de que se trata de 30 procedimientos reservados por estar sujetos a un esquema en forma de juicio, y no había concluido el plazo para impugnarlos.

El solicitante impugnó la respuesta de la CNBV, caso que fue turnado al comisionado del Inai, Francisco Javier Acuña, quien señaló que las sanciones emitidas por la comisión son públicas, y las entidades sobre las que recaen también las deben hacer del conocimiento público como establece la Ley del Mercado de Valores.