En los 25 años recientes, una larga lista de gobernadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) han sido investigados por su estilo de ejercer sus mandatos –que incluye acusaciones de corrupción, desvío de recursos y asesinatos–desde que el gobierno federal perdió, con Ernesto Zedillo, el control que se ejercía sobre ellos desde Los Pinos y, específicamente, desde la Secretaría de Gobernación.

Ahora, el PRI mantiene en revisión una solicitud para expulsar a los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo por los excesos económicos en sus administraciones y el entorno de violencia en las entidades, y en ese contexto el dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, ha armado un discurso anticorrupción en el que ofrece iniciar por limpiar la casa.

En ese cuarto de siglo, el PRI sólo ha expulsado a Mario Villanueva Madrid, que perdió los derechos como militante tras su detención en mayo de 2001, por cargos de narcotráfico y lavado de dinero, después de una investigación que –según los priístas– inició por un diferendo, derivado de una licitación en Quintana Roo, con Emilio Chuayffet, entonces secretario de Gobernación.

Entre los varios casos de rebeldía, a Roberto Madrazo, quien formaba parte del denominado sindicato de gobernadores, Zedillo no pudo removerlo del cargo: cuando mandó a Esteban Moctezuma a Villahermosa, camiones de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) se atravesaron en la pista del aeropuerto de Villahermosa para impedir su aterrizaje. Después, el ex presidente lo afianzó: gobernaremos juntos hasta 2000. Incluso, para evitar el juicio político en la Cámara de Diputados, Madrazo inventó su secuestro en 1995.

Los priístas consideran que en esa etapa, y después en 2000, cuando el PRI resultó derrotado en la elección presidencial, comenzó a perderse el manejo de los mandatarios estatales. Cuentan que durante el salinismo, Fernando Gutiérrez Barrios citaba en Bucareli a los gobernadores incómodos para informarles que, en ese mismo momento, el Congreso del estado tomaba protesta a sus relevos.

Perdida esa férula, los gobernadores armaron un grupo, conocido como el sindicato, del cual se decía formaban parte, además de Madrazo y Villanueva, Manuel Bartlett, de Puebla; Víctor Cervera Pacheco, Yucatán; Diódoro Carrasco, Oaxaca; Manuel Cavazos Lerma, Tamaulipas; Patricio Chirinos, Veracruz; Jesús Murillo Karam, Hidalgo, y Rogelio Montemayor Seguy, Coahuila.

El propio Bartlett, tras la derrota, en una reunión en el PRI, dijo de Zedillo: Ha perdido su capacidad de conducción, ha dejado de ser el líder moral del PRI. ¡No debe mandar ni un minuto más!

También, el mismo sindicato impuso los candados de la 18 asamblea para que priístas sin carrera partidaria asumieran cargos de dirigencia, impedimentos que se retiraron en el actual sexenio.

Para organizarse, los gobernadores priístas trocaron el sindicato en la Conferencia Nacional de Gobernadores, en sendas reuniones en Hidalgo y el estado de México, como una forma de negociar con el gobierno de Vicente Fox. A esa agrupación se sumaron, posteriormente, los gobernantes de PAN y PRD.

El control que se aplica actualmente a los gobernadores desde la Federación es mediante las transferencias, en especial las de ingresos por hidrocarburos, y los recursos son recibidos mensualmente, un día en específico para cada entidad, de acuerdo con el calendario que fija la Secretaría de Hacienda.

Además de los casos recientes de los gobernadores de Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo, César Duarte Jáquez, Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo, respectivamente, señalados de desviar de recursos, represión social y persecución a periodistas, la relación de ejecutivos estatales de todos los partidos, con acusaciones de diversos delitos, es larga.

Se quedaron sin investigar las denuncias contra Tomás Yarrington, y su sucesor, Eugenio Hernández Flores, de Tamaulipas, los dos prófugos; también, Ulises Ruiz Ortiz, de Oaxaca, y Mario Marín Torres, el góber precioso; de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila y ex dirigente nacional del PRI, en contra de quien se abrió un proceso en España.

El 8 de agosto, el ex gobernador priísta de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido o abandono de funciones, aunque se le eximió de los cargos de peculado y de delitos patrimoniales por 3 mil 600 millones de pesos, por apoyos financieros ilegales a la automotriz coreana Kia.

A mediados de julio, la Fiscalía Anticorrupción de Sonora incautó 19 propiedades del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías y dos de sus presuntos operadores financieros, como parte de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Tiene abierta una averiguación previa por delitos graves en perjuicio de Gisela Peraza Villa, empleada doméstica a la que el panista acusó de robo de siete millones de pesos y joyas.

Mientras, y aunque la Auditoría Superior de la Federación ha documentado irregularidades por casi 10 mil millones de pesos en los primeros cuatro años de su gobierno, y de las acusaciones de probable enriquecimiento de su principal operador financiero, Jorge El Coco Castillo, no hay ninguna indagatoria para el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, surgido de una coalición PAN-PRD.