Lo que está claro en el caso de Tanhuato, Michoacán, es que hay víctimas, y si una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que éstas fueron provocadas por autoridades federales, el Estado está obligado a atenderlas, indicó ayer en entrevista Julio Antonio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Luego de participar en un foro en la Universidad Nacional Autónoma de México, el comisionado y profesor de la Universidad Iberoamericana indicó que la CEAV creará un plan de reparación integral del daño para las víctimas de Tanhuato y sus familiares.

La CNDH presentó el jueves pasado los resultados de la investigación que realizó sobre los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, en el municipio michoacano de Tanhuato, donde 42 civiles y un policía federal perdieron la vida. En el informe, la comisión señala que la Policía Federal (PF) cometió graves vioaciones a los derechos humanos por el uso excesivo de la fuerza, la siembra de armas de fuego a los cuerpos de las víctimas y la falsedad en los informes que elaboró.

Hernández Barros indicó que la CEAV dará seguimiento a la recomendación de la CNDH para atender a las víctimas y sus familiares en todo lo que dicho texto indique.

No discutimos qué parte aceptaremos o cuál no. Acataremos la recomendación en materia de atención a víctimas íntegramente, afirmó.

La reparación del daño para las víctimas y sus familiares, explicó el comisionado, implican, primero, medidas de asistencia y atención médica, sicológica, jurídica y de cualquier tipo que sean necesarias.

“También la reparación integral implica medidas de rehabilitación que permitan a las familias de los afectados reincorporarse a la vida social y medidas de satisfacción, que tienen que ver con el estado anímico y que pueden ser memoriales o discupas públicas.

Además, debe haber medidas de no repetición de hechos como éste, que pueden incluir capacitación para las fuerzas policiacas o que se legisle en materia del uso de la fuerza. También habrá medias de compensación para las familias, aseguró Hernández Barros.

Opinó que en México hace falta una regulación clara sobre el uso de la fuerza por parte del Estado. En el país la línea de lo que la policía o los ciudadanos pueden o no hacer no está perfectamente clara. Nos hace falta claridad en ese tema, concluyó.