n medio de la pugna acrecentada entre los vicepresidentes político y económico (Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso, respectivamente), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer un informe sobre la matanza de Tanhuato, Michoacán, que agrega peso negativo a la balanza ya muy desfavorable de la gestión de Enrique Galindo Ceballos, el comisionado de la Policía Federal que depende del secretario de Gobernación.

La postura de la CNDH es contundente: más de la mitad de los muertos en el Rancho del Sol (22, de 42), en mayo de un año atrás, fueron ejecutados de manera arbitraria (16, con disparos por la espalda). De los demás no hay constancia plena, pero tampoco exculpación a los agentes federales: no se puede asegurar que los 20 restantes también fueron ejecutados, porque no se pudieron recopilar suficientes pruebas para dictaminar en uno u otro sentido. Pero el conjunto de señalamientos de la comisión presidida por Luis Raúl González Pérez (miembro del grupo de José Narro Robles, el ex rector de la UNAM, que ahora es secretario federal de Salud) muestra con firmeza las dimensiones del horror operativo de esa Policía Federal: torturas, ejecuciones de algunos, frente a sus compañeros, cuerpos quemados y, cuando menos en un caso, uno aún con vida; manipulación de la escena de los crímenes para acomodarla a las versiones oficiales exculpatorias, acomodo de armas a un lado de los caídos para alegar que murieron en combate.

La estadística funeraria es de por sí misma muy sugerente de ejecuciones por venganza y no de un combate entre presuntos miembros del crimen organizado y policías federales. Eran cuando menos un centenar de agentes, contra 45 presuntos narcos que, según las evidencias, estarían durmiendo o descansando. Un helicóptero disparó unos 4 mil proyectiles contra la casa y bodega donde se encontraban. Murieron todos los que se encontraban en ese rancho, salvo tres que quedaron como detenidos y sufrieron grave maltrato. Del lado oficial sólo hubo un muerto y un herido, en circunstancias que la misma CNDH ha pedido que se investiguen con imparcialidad y estricto apego a derecho. De los 42 muertos, 39 eran oriundos de Oco-tlán, Jalisco, donde en marzo de 2016 se había producido una emboscada de presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva generación contra agentes federales, con saldo de cinco muertos pertenecientes a la gendarmería, cuatro civiles y dos presuntos delincuentes también abatidos.

Las duras acusaciones de la CNDH se suman a los puntos polémicos de la actuación de la Policía Federal en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, donde ocho personas, según el recuento oficial, fueron asesinadas (y un centenar heridas) durante el desalojo de una protesta magisterial-popular, en un contexto hasta ahora insuficientemente explicado, con los agentes disparando armas de fuego (que originalmente habían asegurado que no portaban) contra una multitud que según eso habría emboscado a los policías federales.

Ayer mismo, ante legisladores federales, agentes que participaron en momentos críticos en Asunción Nochixtlán rindieron testimonio. Uno de los comparecientes reconoció, a pregunta del senador perredista Fidel Demédicis, que iba armado y que disparó su pistola calibre nueve milímetros. Otros agentes no respondieron si a su vez llevaban armas de fuego y las habían usado. Esas ocho versiones de primera mano fueron obstruidas por legisladores priístas y mandos de la Policía Federal, quienes maniobraron para que hubiera silencio sobre tales puntos.

Los esfuerzos por esclarecer Tanhuato y Nochixtlán tienen como telón de fondo las fricciones y acomodos de grupos que actúan solamente con la visión electoral de 2018 al frente. La facción encabezada por Videgaray Caso pretende derribar al jefe de la otra, asentada en Bucareli. El derrumbe de Aurelio Nuño, como presunto ejecutor maravilla de la reforma educativa, y la reactivación del conflicto con la CNTE, que en un ámbito de la cúpula federal se consideraba que iba en declive, se atribuyen en el ala tecnócrata a los hechos de Nochixtlán y, en específico, a las decisiones adoptadas por Osorio Chong y su subordinado Galindo Ceballos. Tumbar a éste sería una manera de erosionar al primero. Y, también, otra venganza, en nombre del secretario de Educación Pública, caído políticamente en combate específico (Nochixtlán) que él no ordenó.

Mientras tanto, Enrique Peña Nieto usó ayer una expresión coloquial para invitar a la CNTE a que este lunes se sume al inicio de clases. Espero que todos jalen y nos ocupe nuestra mayor prioridad, garantizar el derecho a la educación a las niñas, niños y adolescentes. Creo que cualquier otro interés no puede estar por encima de esta alta prioridad, dijo el jalador ocupante de Los Pinos.

Padres y familiares de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala seguían reunidos, a la hora de cerrar esta columna, con la procuradora federal de justicia, Arely Gómez. Hasta ahora, ya casi a 23 meses de los hechos, no hay avance notable en ningún rubro, aunque sí una colección de documentos y relatorías oficiales que insisten en validar la disparatada verdad histórica. Incluso, sigue en su puesto Tomás Zerón de Lucio, el jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República, a pesar del demostrado papel anómalo que cumplió en el proceso de hallazgo de los restos óseos en un río que son el punto de sustento de la citada verdad, pero que fueron encontrados un día después de que el funcionario estuvo en el mismo lugar (sin autorización judicial y sin dar cuenta oficial de esa visita), en compañía de un detenido que había sido torturado y reveló el lugar donde se ubicarían los mencionados restos. Sostener a Zerón de Lucio en su cargo, y no abrirle investigación en busca de castigo ni demeritar las diligencias contaminadas que realizó, es una confesión a viva voz del gobierno peñista de que no se desea llegar a la verdad ni hacer justicia. ¡Hasta el próximo lunes!

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