a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer ayer sus conclusiones sobre el violento episodio ocurrido en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán, el 22 de mayo del año pasado, cuando la Policía Federal (PF) tomó por asalto el sitio, en el que se encontraba un grupo de presuntos narcotraficantes, y dio muerte a 42 de ellos, a costa de una baja mortal en sus filas. De acuerdo con el ombudsman nacional, 22 de los supuestos delincuentes fueron ejecutados de manera arbitraria, otros cuatro murieron por uso excesivo de la fuerza, y de los restantes la CNDH no contó con la información técnica correspondiente para determinar las condiciones en las que perdieron la vida, porque los elementos policiacos formularon declaraciones inconsistentes. La institución que preside Luis Raúl González Pérez señaló, asimismo. que la PF manipuló el lugar de los hechos y las evidencias, torturó a civiles y les sembró armas y cartuchos, además de que dio un trato indigno a varios de los cuerpos.

El primer visitador de la CNDH, Ismael Eslava, al informar de la recomendación girada a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), destacó que unos 20 de los caídos no llevaban camiseta o pantalones ni estaban calzados, lo que evidencia que estaban dormidos en el momento del asalto policial.

Se confirma, así, lo que la opinión pública, instancias nacionales e internacionales de derechos humanos y diversos especialistas sospecharon desde que se dieron a conocer las fotos de los cuerpos en el lugar de los hechos: que lo ocurrido en Tanhuato no cuadraba con la explicación oficial, según la cual los elementos policiales actuaron luego de que recibieron disparos desde el Rancho del Sol, lo que habría dado lugar a un enfrentamiento. Incluso después de conocer la recomendación del ombdusman, el titular de la CNS, Renato Sales Heredia, persistió en negar que los efectivos de la PF hubieran cometido ejecuciones, aunque dijo que acataría la instrucción de la CNDH en el sentido de sancionar a los culpables de los homicidios.

La postura del funcionario federal es paradójica, porque si no hubo ejecuciones no tendría por qué haber castigos. Pero el asunto va mucho más allá de la Policía Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad: arroja luz sobre la persistencia de un patrón regular de graves violaciones a los derechos humanos en el accionar de las fuerzas militares y de las policiales de los tres niveles de gobierno en el combate a la delincuencia y, por ende, una sostenida ruptura del estado de derecho que se traduce en una crisis inocultable de derechos humanos en el país.

El episodio de Tanhuato obliga a recordar lo ocurrido en Tlatlaya, estado de México, en julio de 2014, y las muertes de civiles a manos de las fuerzas del orden en Apatzingán, en enero de 2015, por mencionar sólo algunas de los actuaciones más injustificables y violentas de las fuerzas públicas en acción contra reales o supuestos delincuentes.

En esos casos y en otros las leyes han sido violentadas en nombre de la defensa de la legalidad y, doblemente grave, las autoridades han negado en forma persistente la comisión de excesos y violaciones a los derechos humanos y se han resistido hasta donde han podido a investigar en forma mínimamente verosímil, a procurar justicia y a identificar a los responsables.

El retierado quebrantamiento del orden jurídico por parte de quienes tienen la misión de preservarlo –que ciertamente no comenzó en el actual sexenio– es a todas luces insostenible, además de peligroso para la estabilidad del país. A la luz de las conclusiones de la CNDH sobre Tanhuato, resulta imperativo ir más allá de los discursos y de la negación de los hechos y poner un alto efectivo a atropellos tan graves como el perpetrado en ese municipio michoacano.