Cancún, QR.

El gobernador electo Carlos Manuel Joaquín González presentó ayer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cancelar el llamado paquete de impunidad aprobado por el Congreso de Quintana Roo.

En junio pasado, durante su tercer periodo extraordinario de sesiones, la legislatura local aprobó reformas a la Constitución local y al Código Penal, expidió leyes y realizó nombramientos contrarios al orden constitucional que invaden las facultades del Ejecutivo, crean privilegios y afectan la investigación, procuración y administración de justicia, consideró Joaquín González.

El mandatario electo, quien asumirá la gubernatura el 26 de septiembre, aseguró que las modificaciones vulneran los principios del Sistema Nacional Anticorrupción, y destacó que el combate a la deshonestidad y la impunidad será eje de su gobierno.

Carlos Joaquín subrayó que las reformas, también llamadas ley Borge, buscan ofrecer impunidad para quienes han hecho daño a Quintana Roo. Con la controversia se pretende desmantelar la red de protección a favor del gobernador Roberto Borge Angulo y sus colaboradores.

Entre otras medidas, se reducen penas y plazos de prescripción de ilícitos cometidos por servidores públicos, y se designa en puestos claves a personas vinculadas con la actual administración, como el fiscal general, el titular del Órgano de Fiscalización y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

El ex subsecretario de Turismo federal añadió que tambipen buscarán revertir los porcentajes del presupuesto de egresos asignados a los poderes Legislativo y Judicial, así como a organismos autónomos, pues ello afecta la capacidad del Ejecutivo para cubrir necesidades de educación, salud, seguridad, protección civil y desarrollo económico, entre otras.

Igualmente, se busca invalidar las disposiciones que ordenan asignar escoltas al gobernador y su familia hasta por 15 años, con cargo al erario.