Con el voto en contra de cuatro ministros, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta de negar el amparo a la Compañía Embotelladora Del Fuerte SA de CV, que impugnó la prohibición impuesta por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la venta de productos y bebidas chatarra en todos los planteles del país, particularmente en las universidades e instituciones de educación superior.

Sin sustentar las razones de su voto, Javier Laynez, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos y Alberto Gelacio Pérez Dayán desecharon ayer el proyecto elaborado por el ministro Fernando Franco González Salas, el cual validaba la decisión de la SEP con el argumento de que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a proteger la salud de los educandos, para prevenir y disminuir el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso, los cuales constituyen problemas graves de salud en el país.

Los ministros entregaron el proyecto a un ministro de la mayoría para que elabore una nueva propuesta, contraria a la de Fernando Franco.

La productora de jugos y bebidas cuestionó la validez del Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos generales para la distribución de alimentos y bebidas preparas y procesadas en las escuelas del Sistema Educativo Nacional, que prohíbe la venta y distribución de artículos en los planteles escolares.

La demanda se centraba en dejar insubsistente la prohibición de la venta de productos con exceso de grasa y azúcar en las instituciones de educación superior, al considerar que, por tratarse de personas mayores de edad, eran responsables de su alimentación.

Fernando Franco rechazaba sus argumentos en razón de que, debido al grave problema de obesidad y diabetes que enfrenta el país, el Estado mexicano está obligado a procurar la salud de toda la población, no sólo de los menores de edad que cursan en los plantes de educación básica y media superior.

La empresa quejosa sostiene que la medida es desproporcionada en su perjuicio, además de que violaba su derecho a la libertad de comercio y de trabajo. Argumentos que rechazaba Fernando Franco, quien validaba la prohibición absoluta de venta de alimentos y bebidas que no cumplan con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud.