El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, exhortó al magisterio disidente a no impedir que se reinicien las clases el próximo lunes 22.

Entrevistado ayer en el Senado, el ombudsman nacional llamó al gobierno federal y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ‘‘a tener como eje rector el que no se afecte a terceros, sobre todo a niños y adolescentes’’.

González Pérez consideró que la CNTE puede hacer valer sus exigencias dentro de la legalidad. ‘‘El tema de la educación es vital para el país; creo que las demandas que pueda hacer cualquier sector o grupo deben realizarse en el marco de la ley para evitar afectar a terceros’’.

Luego de inaugurar el foro Balance de la ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, el ombudsman comentó también que espera que la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias gubernamentales entreguen a la CNDH la información que falta en torno al caso Nochixtlán.

Entre otras, dijo, la que se refiere a que hubo tiradores ajenos a los maestros en los hechos del pasado 19 de junio, donde profesores y pobladores de ese municipio oaxaqueño fueron desalojados de forma violenta, con un saldo de ocho muertos y cerca de 200 heridos.

En tanto, la Comisión Permanente solicitó al gobierno federal poner en marcha un programa de rescate y reactivación de las actividades económicas afectadas por las movilizaciones de la CNTE en los estados de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Guerrero.

Reportan empresarios pérdidas millonarias por el movimiento

En la exposición de motivos de esa propuesta, presentada por senadores y diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se señala que de acuerdo con cámaras y organismos empresariales, los daños económicos por las movilizaciones de los profesores inconformes con la reforma educativa ascienden a 2 mil 700 millones de pesos. De ellos, mil millones corresponden a Chiapas y mil 700 a Oaxaca.

La Permanente propone que en ese plan de rescate a comercios y empresas afectados en las tres entidades participen las secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Economía, Trabajo, Agricultura y el Instituto Nacional del Emprendedor, entre otras instancias.