ras una extenuante negociación con representantes de las universidades Nacional Autónoma de México, Pedagógica Nacional, Autónoma del Estado de México y Autónoma Metropolitana, así como de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Politécnico Nacional, el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES) logró ayer varios compromisos de las autoridades, entre ellos reconocer la gravedad de la falta de cobertura de la enseñanza de ese nivel en el país, la admisión de que los exámenes de ingreso no son una solución al problema ni reflejan el grado de preparación de los aspirantes, así como la ratificación del acuerdo con la universidad nacional y el Poli para que ambas instituciones permitan el ingreso diferido a sus aulas de alumnos becados en otra institución que cursen un año de estudios, mantengan un promedio mínimo de 8 y no reprueben ninguna materia.
Por desgracia, la UAM se negó a aceptar una solución similar para los 10 oyentes que han cursado ya un año de estudios en el plantel Xochimilco y que han obtenido calificaciones de excelencia.
Tales acuerdos, aunque saludables, resultan del todo insuficientes para hacer frente a la exclusión sistemática de la educación superior de una vasta población juvenil, fenómeno en el que los exámenes de admisión son sólo una de las fases. Tales pruebas, en efecto, no miden la aptitud de los aspirantes para entrar a los planteles universitarios, sino que son una mera válvula reguladora entre la gran demanda y la escasa oferta de lugares en las aulas.
No obstante, la imposibilidad que enfrentan muchos jóvenes para acceder a la enseñanza superior empieza en la insuficiencia de ingresos que afecta a la mayoría de la población, lo que coloca a buena parte de los egresados del bachillerato, la secundaria y la primaria ante la imperiosa necesidad de contribuir al gasto familiar o procurarse su manutención personal y los deja, en consecuencia, sin tiempo ni energía para dedicarse a los estudios superiores.
Otras dificultades se encuentran en la baja calidad de la enseñanza en los ciclos previos al universitario y algunas más en los procesos de desintegración familiar y social que provocan las carencias materiales y la falta de acción gubernamental.
Quienes logran, pese a todo, superar los obstáculos descritos se encuentran al final del camino con mecanismos de admisión que les cierran las puertas de instituciones universitarias imposibilitadas de ampliar su capacidad por una insuficiencia presupuestal que ya acumula décadas.
Resulta exasperante y desolador que para miles de jóvenes el único camino para hacer efectivo su derecho a la educación sean las movilizaciones y las protestas y que deban afrontar los riesgos de la criminalización, la represión y la descalificación mediática por ese solo hecho. Tal circunstancia es indicativa, por lo demás, de la inoperancia del modelo económico antipopular y excluyente que coloca entre sus últimas prioridades el acceso de las nuevas generaciones a la enseñanza superior y que con ello convierte en letra muerta el derecho a la educación, obstaculiza el desarrollo económico y siembra conflictos sociales en un escenario nacional ya sobrado de ellos.
