La diputada local perredista Beatriz Olivares Pinal anunció que promoverá lo más pronto posible una iniciativa de reforma para derogar del Reglamento de Transito los artículos en materia de manifestaciones que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un pronunciamiento emitido durante la sesión de la Diputación Permanente, sostuvo que la decisión de los ministros condiciona el derecho a la libertad de expresión y de manifestación en términos de tiempo y lugar, por lo que significa “un retroceso con el sello de la administración federal.

“No nos equivoquemos –apuntó–: a quien más le molestan las manifestaciones y protestas en esta ciudad es al gobierno federal, pues son en su mayoría en contra del modelo político y económico que ejerce el Ejecutivo federal”.

Adelantó que con las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y local de la Ciudad de México (CDHDF) promoverá derogar los artículos 212, 213 y 214, contra los que ambos organismos promovieron la acción de inconstitucionalidad, al permitir que la Secretaría de Seguridad Pública tome las medidas que sean necesarias para evitar el bloqueo de vialidades, lo que se presta a discrecionalidad para reprimir las manifestaciones.

Al fijar la postura de los diputados de Morena, David Cervantes Peredo señaló que coinciden con el planteamiento de Olivares Pinal, al cuestionar sobre todo la postura que asumieron algunos ministros de esperar a que posibles interpretaciones o dudas sobre la aplicación de la norma se superen en el reglamento, cuando debió determinar la inconstitucionalidad de dichos artículos, para que la ALDF los corrija sin dejar lugar a discrecionalidad por parte de la autoridad.

Por otra parte, la Coparmex Ciudad de México desestimó la resolución de la Corte, al advertir que las disposiciones avaladas no traerán cambios reales en la forma en que se realizan las manifestaciones, pues los ministros precisaron que el aviso con 48 horas de anticipación no es obligatorio.

Además, señaló el presidente del organismo, Jesús Padilla Zenteno, la restricción a usar vialidades primarias sólo incluye el Anillo Periférico, Circuito Interior y Viaducto, que generalmente no son empleadas por los manifestantes, y no aporta medidas suficientes para frenar los daños económicos que generan las movilizaciones.

Planteó en cambio la necesidad de que el gobierno federal contemple estrategias conjuntas con las autoridades estatales para que los problemas se resuelvan en sus propios espacios y no se trasladen a la ciudad.

Esto, al advertir que la Ciudad de México es rehén de los conflictos de la Federación, donde siete de cada 10 movilizaciones, bloqueos o manifestaciones que se realizan en la entidad están relacionados con el ámbito federal y repercuten en forma directa sobre la productividad y competitividad de los capitalinos.