De nueva cuenta, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó al Servicio de Administración Tributaria desclasificar los informes relacionados con la cancelación o condonación de créditos fiscales y sus montos, otorgados entre enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013. Al resolver un recurso de acceso a la información también ordenó informar sobre el motivo de la cancelación de cada uno de los casos correspondientes.

Sin embargo, el Inai subrayó que es la ocasión número 32 que se emite esta orden de desclasificación, mismas ocasiones que el SAT ha hecho caso omiso, a pesar de que el propio organismo ya notificó este incumplimiento a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para deslindar responsabilidades. Esta dependencia no ha hecho nada por hacer cumplir la instrucción del Inai, argumentando que no ha encontrado responsabilidad administrativa.

Entre las argumentaciones que ha utilizado el SAT para no acatar la orden de apertura de la información que ha instruido el Inai está: La información relacionada con el nombre de personas físicas o morales y la clave del Registro Federal de Contribuyentes a quienes se les canceló o condonó créditos fiscales entre enero de 2014 y el 15 de mayo de 2016, puede ser consultada en su portal de Internet, mientras que los montos pueden ser consultados a partir del 5 de mayo de 2015.

El SAT estimó que el nombre, denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyente beneficiados con la cancelación o condonación de créditos fiscales del primero de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2013 es información clasificada 12 años por ser secreto fiscal, conforme al artículo 14 fracción II de la Ley Federal de Transparencia en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

En la consideración de los comisionados, el fundamento central para ordenar la apertura de la información se sustenta en que el Inai aplicó una prueba de interés público y se concluyó que los datos sobre la condonación y cancelación de créditos fiscales, así como las razones que llevaron a ello, en la medida en que se trata de recursos públicos, deben ser conocidos por la sociedad.

Según la información reportada por el propio SAT, el monto total involucrado en estas decisiones alcanza los 822 mil 500 millones de pesos.