uando el 30 de diciembre de 2013, en vísperas de que se cumplieran 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, demandó un TLCAN plus en el espacio geopolítico que abarca a Canadá, Estados Unidos y México, habló en nombre de la plutocracia internacional.

Aprobadas ya varias iniciativas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación por el régimen de Enrique Peña Nieto y los legisladores del Pacto por México (PRI, Verde, PAN, PRD, etcétera), el vocero del sindicato empresarial afirmó que dada la revolución energética que vivían Estados Unidos y Canadá, México debía entrar en sinergia con sus dos socios asimétricos, y para ello había que mejorar la interconexión eléctrica y de ductos, avanzar en el reconocimiento de normas técnicas, ventanas especiales y trato preferencial recíproco entre agencias de comercio de los tres países, invertir en infraestructura y agilizar el transporte terrestre, marítimo y aéreo.

Eran los días en que Peña Nieto estaba salvando a México –según la multicitada portada de la revista Time– y las grandes corporaciones se frotaban las manos para la nueva etapa de despojo de tierras y saqueo de recursos implícita en las contrarreformas en curso.

En realidad, la cuarta fase del TLCAN –complementado primero con el Plan Puebla Panamá (2001), luego rebautizado Iniciativa Mesoamericana, y en 2005 con la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN o TLC militarizado), articulada en 2007 con la Iniciativa Mérida (también denominada Plan México, símil del Plan Colombia), como instrumento para la contrainsurgencia al servicio de la economía de rapiña– estaba planificada desde inicios del sexenio de Peña Nieto, cuando en su Plan Nacional de Desarrollo 2013/2018 incluyó la iniciativa para crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el sur-sureste de México.

Jugador en las grandes ligas al servicio de la cleptocracia trasnacional, Gutiérrez Candiani debió participar en el diseño final de las ZEE en los días en que la ex secretaria de Estado Hillary Clinton impulsaba a través del entonces embajador de EU en México, Carlos Pascual, la entrega de los hidrocarburos a las depredadoras corporaciones del sector Exxon Mobil, Chevron Texaco (ambas ligadas a la banca JP Morgan) y British Petroleum (BP, vinculada con Goldman Sachs), según revelaron correos electrónicos desclasificados por el propio Departamento de Estado el 31 de julio de 2015.

Los emails desclasificados de Clinton exhiben el papel jugado por David Goldwyn, primer coordinador internacional de Energía del gobierno de Barack Obama, en la operación para romper el monopolio de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Goldwyn, nombrado por la secretaria Clinton en 2009, dirige hoy una consultoría privada sobre hidrocarburos (Goldwyn Estrategias Globales) y funge de abogado de industrias en el bufete Sutherland, Asbill y Brennan. A su vez, Carlos Pascual, embajador en México entre agosto de 2009 y marzo de 2011, sucedió a Goldwyn como coordinador de Energía y es ahora un agente clave del Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia y vicepresidente de la consultoría IHS CERA (Cambridge Energy Research Associates, empresa que cuenta con una unidad de evaluación de las opciones futuras en México), en proyectos relacionados con refinación y transporte de hidrocarburos (petróleo, gas líquido y shale), exploración en aguas profundas y electricidad. El presidente de IHS CERA es Daniel Yergin, cerebro de la seguridad energética de EU.

El 23 de julio de 2015, ante el subcomité del Continente Americano de la Cámara de Representantes de EU, Carlos Pascual sostuvo que la importancia estratégica y comercial de la reforma de Peña Nieto de julio de 2014 era que México podría suministrar energéticos (hidrocarburos y electricidad) a Centroamérica y el Caribe, labor que ahora realiza parcialmente Petrocaribe, mecanismo auspiciado por el gobierno de Venezuela.

Merced a las presiones neocolonialistas de Hillary Clinton, Goldwyn y Pascual, la red de infraestructura e interconexión eléctrica y de ductos para convertir a México en el surtidor de energéticos hacia el mercado mundial, quedó contenida en las ZEE vía el corredor industrial interoceánico Coatzacoalcos-Salinas Cruz y el corredor petrolero Coatzacoalcos-Ciudad del Carmen, Campeche, que pasará por Tabasco.

Las leyes secundarias de la contrarreforma energética debilitan la certidumbre sobre la tenencia de la tierra y abren margen al despojo de comunidades, ejidos y poblaciones por consorcios petroleros, gaseros y eléctricos nacionales o internacionales. En la ley desapareció el término expropiación, pero se le sustituyó por ocupación temporal de predios, y en otros artículos se mantiene la disposición, por lo que habrá expropiaciones. Las nuevas leyes permitirán a las corporaciones disponer de tierras, bosques y aguas, las que podrán comprar o rentar. También se estableció la obligación de ejidatarios, comuneros y propietarios privados de entregar sus tierras y bosques a trasnacionales a través de la figura denominada servidumbre legal.

La designación de Gutiérrez Candiani como titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), el pasado 8 de julio, confirma la pretensión de privatizar buena parte del sur-sureste de México. El funcionario contará con autonomía técnica, operativa y de gestión, y desde allí tendrá oportunidad de servir a los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales. Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy/KKR).