En el próximo periodo de sesiones, que se iniciará el primero de septiembre, además de la abultada agenda legislativa pendiente, el Senado tiene que atender 25 nombramientos, entre ellos el del fiscal anticorrupción, que está rezagado desde 2014.

Además de ello, el Senado debe nombrar a los siete magistrados de sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuyos nombramientos vencen, en su mayoría, el próximo 31 de octubre, además de magistrados agrarios, consejeros de órganos autónomos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, del consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), e integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México y del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.

Ente los casos más relevantes está el del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, que debe permanecer en el cargo hasta noviembre de 2018. El proceso se inició en 2014, cuando el Senado emitió una convocatoria y 33 aspirantes a ser el fiscal anticorrupción comparecieron en el Senado, pero no hubo acuerdo entre las fuerzas políticas.

La decisión fue esperar hasta que se aprobara la legislación en la materia, que este año ya fue promulgada, por lo que en el próximo periodo de sesiones se debe nombrar al fiscal.

Siete ternas

Tampoco hubo acuerdos para nombrar el sustituto en la vacante que dejó en el TEPJF el magistrado Alejandro Luna Ramos, por lo que ese tribunal operó desde abril de 2015 con sólo seis integrantes. Ahora se deberá nombrar a la totalidad de la sala superior. El Senado está en espera de que la Suprema Corte le remita las siete ternas.

Igualmente, el Tribunal Superior Agrario debió funcionar desde septiembre del 2013 sin uno de sus integrantes, ya que el Senado no ha decidido sobre la propuesta del Ejecutivo para que María del Rocío Balderas o Rubén Gallardo ocupen la vacante que dejó la renuncia de Luis Octavio Porte Petit. Ni siquiera se llamó a comparecer a los candidatos.

Asimismo, está pendiente el nombramiento de un magistrado numerario del Tribunal Unitario Agrario. La candidata propuesta por el Presidente de la República, Lilia del Carmen Flor Rivera, compareció desde abril del 2014, pero se detuvo el proceso.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas le faltan tres integrantes desde 2015 –uno a partir de enero y dos desde octubre–, pero el presidente Enrique Peña Nieto no ha remitido las propuestas respectivas.

Faltan igualmente de nombrar dos integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica y un consejero del consejo de administración de la Comisión Federal de Electricidad.