La ministra en retiro Olga Sánchez Cordero afirmó que el país necesita de juristas, políticos y servidores públicos que se esfuercen por entender la realidad y cambiarla, no para beneficio personal, sino para el beneficio colectivo, para el bien común.

Durante la ceremonia en la que el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) le otorgó un doctorado honoris causa, señaló que nuestro país debe luchar “por que los derechos sean instrumentos para facilitar la convivencia, generar menos desigualdad, limitar a los fuertes y empoderar a los débiles”.

En su discurso de imposición del doctorado, Sánchez Cordero expuso que hoy se han diluido las fronteras para los bienes y servicios y se han endurecido para el ser humano. Pasan las cosas, (pero) no las personas. Transitan sin arancel el dinero (limpio o sucio), las acciones corporativas, la tecnología (cuando conviene), las ganancias económicas... En fin, todo esto se ha vuelto transfronterizo, pero las personas, no.

Sostuvo que en la actualidad la mentira, la impunidad y la corrupción se han instalado en nuestras sociedades y, escudándose en ellas, se cometen toda clase de atrocidades contra los países, contra los pueblos y contra el género humano.

De su lado, la procuradora general de la República (PGR), Arely Gómez González, señaló que el reconocimiento se entregó a la ministra en retiro por su valentía y visión innovadora en la interpretación del derecho penal constitucional, así como por su destacada trayectoria en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En ese acto, realizado en el auditorio Alfonso Quiroz Cuarón, también se entregó el doctorado honoris causa al jurista Luis Arroyo Zapatero, por adaptar al mundo hispanoamericano algunas de las figuras del derecho penal europeo, así como por su liderazgo en la lucha para la abolición de la pena de muerte, señaló la procuradora mexicana.

Gómez González aseveró que la trayectoria académica y profesional de los hoy reconocidos permite calibrar la importancia que tiene conjuntar ámbitos del derecho que durante años parecieron separados, pero a raíz de la experiencia de la puesta en marcha del sistema de justicia penal acusatorio se hacen más visibles: éstos son la teoría y la práctica.