Santa Lucía del Camino, Oax.

Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), obtuvieron ayer su libertad mediante caución, luego de haber sido detenidos hace 60 días acusados de delitos de los fueros común y federal.

Los docentes permanecían recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 13, de Mengolí, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, y fueron trasladados a la penitenciaria central de Santa María Ixcotel, donde rindieron declaración judicial y fueron puestos en libertad.

El trámite se efectuó la noche del jueves, lapso en que miembros de la comisión política y de base acompañaron a los mentores en el juzgado segundo del penal, donde Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez permanecieron en la rejilla de prácticas.

Alrededor de las 3 horas de ayer, Núñez Ginez aseveró que pese a la adversidad, nunca se sintió solo, pues el respaldo de las distintas secciones que conforman la CNTE siempre estuvo presente. En las horas de espera, los maestros durmieron en el suelo del juzgado.

Finalmente a las 8 horas abogados y familiares informaron que los dirigentes serían puestos en libertad, e insistieron en que son presos políticos, pues no cometieron los delitos de los que les acusan, sino que fueron prefabricados con la intención de diezmar a la coordinadora y al movimiento magisterial.

La abogada de la sección 22, Edith Santibáñez, ingresó al penal en un automóvil, color rojo, y los líderes de la gremial salieron del juzgado para abordarlo, mientras otros profesores que los acompañaban montaron una valla para permitirles el paso. A su salida entonaron diversas consignas, y tanto Núñez como Villalobos levantaron el puño izquierdo. No hicieron declaración alguna.

Cubren fianza o vuelven a prisión

Santibáñez declaró que requieren pagar las fianzas de ambos a más tardar en 10 días, o de lo contrario volverán a prisión. De Núñez Ginez son 70 mil pesos, pues enfrenta cargos por tentativa de homicidio, uno por robo y otro por lavado de dinero, mientras de Villalobos Ricárdez son 170 mil, por tentativa de homicidio, robo y daños.

El grupo de abogados de la sección 22 acusó que la medida cautelar impuesta por el juez es restrictiva de sus actividades sindicales a las cuales tienen derecho, ya que les prohíbe acudir a las reuniones de la gremial o dar entrevistas a los medios de comunicación.