oras después de que la presidenta Bachelet ajustó el sistema pensionario chileno (9/8/16), el secretario Videgaray ofreció, finalmente, un amplio debate en la materia para que, en México, los trabajadores aporten más.

A decir de Óscar Vela (Unidad de Seguros-Pensiones-Seguridad Social de la SHCP), las pensiones seguirán siendo una presión para el gasto público mientras avanzan las aplicaciones a las reformas IMSS-Issste. Su trayectoria va a seguir incrementándose en los próximos años, insiste. La razón fundamental es que, en la próxima década, el pago de la generación de transición –o de 1973–, ya estará corriendo completamente a cargo del gobierno federal, sin que se pueda acceder a las cuentas de los trabajadores jóvenes, como se hacía antes para fondear este mismo pago.

Por su parte, Luis Madrazo (Unidad Económica de la SHCP), agregó que “vamos a estar observando –con variaciones– tasas de crecimiento reales en las pensiones. Lo digo con toda claridad: por más de una década”.

Sin embargo, en opinión de Carlos Ramírez, presidente del ente regulador Consar, se van a seguir destinando los recursos de parte de la Federación para el pago de pensiones, aunque aclara: La pregunta es si eso es justo, equitativo; si contribuye a la equidad del país y si realmente es sostenible que se estén sacrificando recursos para otros propósitos y destinándolos a este rubro. En su opinión, más recursos se van a tener que destinar al pago de pensiones de beneficio definido y se seguirán consumiendo recursos valiosos que se podrían destinar a otros propósitos: salud, educación, infraestructura y pobreza.

Por cierto, la injusticia que tanto ofende a Ramírez resulta de la reforma al IMSS-1995 que parió al SAR y que, ahora él se resiste a evaluar después de 19 años de operación. Su argucia argumental es evidente. En vez de honrar su cargo de regulador del sistema y extraer el fracasado saldo de la dinámica del SAR para cumplir con el derecho humano-laboral a una pensión digna –aunque sea un éxito para recaudar y usar los fondos de los trabajadores–, Ramírez reitera la argucia ya empleada durante los gobiernos panistas, con muy pobres resultados, por Levy, Horcasitas y Karam: pagar las pensiones de los trabajadores-IMSS, arguyeron, retira recursos que lucirían en la operación del servicio.

En apoyo conceptual de la injusticia que tanto ofende a Ramírez, acuden los trabajos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), donde el responsable del área es, precisamente, Levy. Al igual que Ramírez, los apoyos conceptuales de Carmen Pagés (Los retos de los sistemas de pensiones en ALC y su vínculo con el mercado de trabajo, 2015) y David Kaplan (Las pensiones no contributivas y su papel en la equidad, 2015) operan una curiosa amnesia sobre la dinámica de los 19 años transcurridos del SAR para, borrando cualquier análisis sobre lo que le ocurrió, pasar directamente a mezclar, sin orden ni rigor, los sistemas reformados y no reformados, con vistas a concluir, como lo hace Ramírez: todos los sistemas del país deben reformarse de manera integral, a fondo.

En todos ellos la argucia es evidente. Un regulador estaría obligado a caracterizar aquello que, 19 años después, fracasó en la materia que regula. Pero Ramírez pasa a alegre escape de su responsabilidad y con la argucia de la injusticia llama, sin legitimidad alguna, a otra nueva reforma, sin siquiera detenerse a examinar lo que fracasó de la reforma previa.

Para no hacer su trabajo: el examen de la dinámica del SAR durante 19 largos años e intentar precipitadamente imponer otra reforma, Ramírez, desde el ente regulador Consar, solicitó también el bárbaro estudio de la OCDE (OECD, Reviews of Pension Systems. México, 2015) que sugiere afectar los derechos de quienes ya pusieron al SAR y que, ahora, Ramírez quiere que vuelvan a poner.

Con mismo sentido militan los análisis del BID de Pagés y Kaplan. Para ellos tampoco es necesario examinar lo que ocurrió con el desempeño del sistema de cuentas individuales durante 19 años. Sólo se trata de resolver el desafío de la inequidad en los sistemas reformados y no reformados. Precisamente, como lo asume el regulador Carlos Ramírez cuando extiende su inequidad a estados, universidades, municipios y pensiones no contributivas.

El debate social sobre la encrucijada pensionaria mexicana no puede saltar por encima de lo que, a pesar de todas las oportunas advertencias, impuso Zedillo en 1995, sirviéndose de la mayoría legislativa priísta y 12 años después Felipe Calderón y Manlio Fabio Beltrones extendieron al Issste. Transcurridos los 19 años se han cumplido esas advertencias: las reformas de Zedillo y Calderón fracasaron. El SAR es millonario, pero devuelve pensiones avaras: un tercio del último salario devengado.

El debate social está claramente por encima de un regulador capturado por los intereses que dice regular. Las argucias argumentales de Ramírez confirman la urgencia de que el titular del Ejecutivo en 2018 tome cartas inmediatas en el asunto, a la altura de las soluciones que la sociedad ya colocó sobre la mesa para cumplir el derecho de quienes ya cotizaron, quienes cotizan y, sobre todo, de los jóvenes que aguardan cotizar.

Hay que tomar amplia nota, secretario Videgaray: un debate sólo en la cancha de las Afore y siguiendo a la OCDE, no lo es, y menos para imponer que sólo ponga el que ya puso. ¡Así no!

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco