Buenos Aires.

La policía de la provincia de Buenos Aires reprimió este viernes con golpes, balas de goma y gases lacrimógenos a vecinos del barrio Belisario Roldán, de Mar del Plata, y miembros de la organización Votamos Luchar, quienes abuchearon al presidente Mauricio Macri. El mandatario visitaba el lugar junto con la gobernadora de dicha provincia, María Eugenia Vidal, para anunciar el programa Hábitat. La acción dejó unos 30 heridos.

Los vecinos intentaban acercarse para expresar al gobernante las causas de su protesta, ante el agravamiento de la situación social. Lo mismo hacían los integrantes de Votamos Luchar en sus reclamos contra el brutal ajuste que aplicó el gobierno a las tarifas de los servicios públicos. Fue entonces cuando la policía reprimió a los inconformes, entre ellos mujeres con niños.

Algunos se defendieron arrojando piedras. Negaron que hubieran intentado agredir a Macri y a su comitiva, como se dijo oficialmente. Hay lesionados porque la policía disparó balas de goma a escasos metros de los compañeros, señalaron víctimas de la represión.

Organismos de derechos humanos, entre ellos de hijos de desaparecidos, desplegaron en el lugar una larga bandera argentina, como las que llevan a sus marchas las Madres de Plaza de Mayo en distintos lugares del país. En este caso, la protesta era contra las recientes declaraciones de Macri, por ejemplo cuando confesó en una entrevista para un portal de Internet que no tenía idea de si había nueve o 30 mil desaparecidos, y otras frases que fueron rechazadas en todo el país, incluidos algunos socios políticos de la gobernante alianza Cambiemos.

Mauricio Macri, ante una mínima cantidad de simpatizantes, pronunció un breve discurso. Sostuvo: Aquellos que crean que el camino es la agresión, entiendan que hay que poner la energía en construir ese futuro que todos queremos.

Afirmó que el Plan Nacional Hábitat, destinado a urbanizar lugares vulnerables, es parte fundamental de una Argentina que se encamina a la pobreza cero.

Sin embargo, a esa hora un nuevo informe del Barómetro de la Deuda Social, elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA), denunció el agravamiento de la pobreza y, especialmente, la indigencia en el país. Señala que en los últimos ocho meses más de la mitad de la población económicamente activa se encuentra en situación de vulnerabilidad laboral.

Entre 2010 y 2015 se registró una mejora en el empleo decente, pero ahora 57 por ciento de la población vive una situación laboral problemática, debido a despidos, suspensiones, cesantías, recortes de horas y de días laborables, la caída de la producción y la situación económica.

El director del observatorio, Agustín Salvia, advirtió que las medidas del gobierno no alcanzan para frenar el crecimiento de la pobreza y que las compensatorias tomadas durante los primeros meses del año no alcanzan para dar respuestas al aumento de precios y la situación de estancamiento del mercado de trabajo, que se agudizó desde diciembre pasado.

En otro orden, el fiscal Guillermo Marijuán imputó a la vicepresidenta de la nación, Gabriela Michetti, y ordenó al juez federal Ariel Lijo medidas de prueba para investigar el origen de 245 mil pesos y 50 mil dólares que fueron robados de la casa de la funcionaria el 22 de noviembre pasado, cuando ganó la fórmula presidencial que integraba con Mauricio Macri en segunda vuelta.

Esa situación se había mantenido en reserva, pero la denuncia en el periódico Tiempo Argentino fue llevada a la justicia por legisladores, para que explicara el proceder de ese dinero. Algunos analistas advierten que es extraño que no se haya avanzado en la pesquisa investigado a Macri por sus cuentas en paraísos fiscales, como surgió en los documentos de los papeles de Panamá en abril pasado, ni a otros altos funcionarios gubernamentales, en el mismo caso y que están referidos a sumas millonarias de dólares.

Dirigente social en ayuno

En Jujuy, Milagro Sala, dirigente social de la organización Tupac Amaru y diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), detenida desde enero pasado por causas sin pruebas, comenzó una huelga de hambre.

Las autoridades del penal le prohibieron recibir visitas por supuesta mala conducta, pues exigió mejores condiciones de prisión y protestó contra los malos tratos a otras reclusas. La libertad de Sala ha sido pedida por decenas de organizaciones internacionales, el Parlasur, organismos humanitarios y, recientemente, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.